Las posturas del priismo

Prefacio. 

Muy interesante, ilustrativa, la entrevista concedida por la maestra Elba Esther Gordillo al periódico Reforma. Aquí unos fragmentos. *** – ¿Qué opinión tiene usted de Leticia Ramírez, la secretaria de Educación? – “Cuando llegó, creí que era el momento de los acuerdos, del diálogo, de buscar soluciones. Como persona, mi consideración de la persona. Como maestra, pues realmente todo lo que ha pasado en estos días me hace sentir pena. Me gustaría ver a una persona que domine el tema educativo, una persona que realmente emerja del aula”. *** – ¿Cómo ve a sus partidos en los que participó, el PRI, Nueva Alianza? – “Con mucha tristeza, con mucha frustración. Y no sólo a esos, el PAN, al PRD, con liderazgos mediocres”. *** – ¿El PAN? – “El PAN con un Marko Cortés que no sabe ni qué hacer, y que también tiene un asesor muy fuerte, ¿no? Santiago Creel que quiere ser el Presidente. El problema es que estamos mal. Si no sólo es ‘tírenle al negrito’ o esto. Es: o nos ponemos a reflexionar todos qué país queremos, qué vamos a hacer. Y vuelvo a insistir, mi tema educativo: solamente formar ciudadanos va a hacer que este país sea democrático. *** – ¿Ve al maestro Alfonso Cepeda (dirigente del SNTE) agachado? – “No sólo agachado: no lo veo”.

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La cada vez más profunda división interna en el PRI a nivel nacional, a partir del respaldo ofrecido por Alejandro Moreno al presidente López Obrador, tiene en Veracruz su propia expresión.

Así como a nivel nacional las voces de destacados priistas se han levantado para pedirle a su dirigente nacional que renuncie, en Veracruz ha quedado claro que la postura de la dirigencia estatal –que encabeza Marlon Ramírez Marín- no coincide con lo que han expresado priistas veracruzanos de elevado reconocimiento.

Una de las voces críticas en el priismo veracruzano ha sido, sin duda, la del único diputado de ese partido, por la vía uninominal por Veracruz, José Yunes Zorrilla, quien desde la tribuna de San Lázaro ha sido de los que, con mayor agudeza, ha cuestionado la actuación del gobierno federal y de los gobiernos emanados de Morena.

“El debate respecto a la propuesta de extender la presencia de las FA (fuerzas armadas) en la GN (Guardia Nacional) debe realizarse a finales de la Legislatura, ante la desastrosa gestión en seguridad del gobierno y el incumplimiento en la formación de nuevos policías. Éste no es el momento para votar modificaciones”, externó Pepe Yunes desde su cuenta de Twitter, luego de que se conociera la iniciativa de su compañera de bancada, Yolanda de la Torre, para prorrogar la presencia del Ejército y la Marina en la Guardia Nacional, hasta el año 2028.

Marlon Ramírez, por su parte, en solidaridad con su dirigente nacional, justificó la presentación de la iniciativa al advertir: “no podemos esperar que en un año esté preparada (la Guardia Nacional) para enfrentar la inseguridad; necesita el acompañamiento de las fuerzas armadas”.

El debate, por supuesto, está mal enfocado. Todos en el PRI, incluso los que hoy apoyan la prórroga de la presencia militar en la Policía, están de acuerdo en que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador ha fracasado.

“Las fuerzas armadas le cumplen al país integrando la Guardia Nacional y combatiendo a la delincuencia, aun cuando no es su función constitucional. Este servicio es temporal, sujeto a un mando civil y sólo mientras se crea una policía profesional. El gobierno, al no haber formado policías, busca militarizarnos”, expresó Pepe Yunes desde la tribuna de la Cámara de Diputados.

Marlon Ramírez, por su parte, afirmó en un comunicado: “Estamos en contra de la militarización, de lo que puede llegar a ser nuestra policía civil (Guardia Nacional), por ello votamos en contra de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena”.

¿Cuál es, entonces, el conflicto?

Como bien lo aclara Pepe Yunes, presentar en estos momentos la iniciativa para prorrogar la presencia del Ejército (cuando el plazo vence hasta el 2024) es otorgarle al presidente un cheque en blanco, pues la propuesta enviada por la legisladora priista no explica cómo se llegó a  la conclusión de que se requieren 4 años más de la presencia militar en la Guardia Nacional (¿por qué no tres, o cinco?); no se plantean medidas de control que impidan que en el 2028 -o un par de años antes- se llegue a la conclusión de que sigue siendo indispensable la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.

“Los priistas mantenemos congruencia en nuestro discurso. Hemos reconocido el invaluable trabajo de las fuerzas armadas en tareas que no le corresponden, como son las de seguridad pública y hemos acompañado, de origen, la definición de agenda, en esta materia, por parte del gobierno de la república. Por unanimidad, en las dos cámaras, se aprobó la reforma al artículo 21 constitucional para darle al presidente de la república la Guardia Nacional, que tendría que ser un cuerpo civil, policiaco, profesional. En casi cuatro años de gobierno, esta administración no formó los policías federales que se requieren para integrar la Guardia Nacional, por eso requiere de nueva cuenta al Ejército y a la Marina. Ya no le va a dar tiempo. El anuncio del presidente de la república llama la atención del país para decirles, a todos los mexicanos, que su estrategia de seguridad falló”, dijo Pepe Yunes desde la tribuna de San Lázaro.

No tiene esa iniciativa, hoy, el mismo costo político para el presidente y para Morena, que el que tendría si no sólo el PRI, todos quienes integran la alianza opositora, presentan una iniciativa similar (aunque mejor elaborada, con candados y con un diagnóstico serio) el próximo año, una vez que haya sido derrotado, en tribunales, el afán militarizados del presidente.

Lo decía uno de los grandes teóricos del priismo en México, el tuxpeño Jesús Reyes Heroles: “seremos inflexibles en la defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas, pues en política, frecuentemente, la forma es fondo”.

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Epílogo. 

El abogado penalista Fidel Guillermo Ordóñez Solana será ponente en el seminario internacional “Abuso y Límites del Poder Penal en Estados Democráticos de Derecho (con especial referencia a México)”. *** El coordinador del Seminario será el doctor Moisés Moreno Hernández, y en él participan la Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP), el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (Cepolcrim), la Fundación “Cepolcrim-Hans Welzel” y la Facultad de Derecho de la UNAM. *** El seminario se realizará del 19 al 23 de septiembre. *** El gobernador Cuitláhuac García tuvo que “traga sapos” y ratificar su absoluta confianza al presidente López Obrador, a pesar de que ya es un hecho de que serán menos los recursos federales destinados a Veracruz. *** Lo cierto es que ya se le acabó el dinero al presidente; ya vació las cuentas de los fideicomisos, ya dejó sin presupuesto a sectores tan delicados como salud, educación y seguridad, todo con el afán de mantener el clientelismo electoral con el reparto de becas y pensiones, y concretar las obras faraónicas que se impuso para su sexenio y cuyo costo se ha multiplicado. *** Veracruz, como muchas entidades y sectores estratégicos de la vida pública, pagarán las consecuencias de una administración caprichosa y corrupta. *** En las últimas 24 horas, México reportó 815 contagios y 3 muertes por Covid-19. Esta cifra de muertes es la segunda más baja reportada en los últimos tres meses, sólo por debajo de las dos muertes reportadas el 28 de agosto. *** De acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud, al corte de este domingo 11 septiembre, México acumula 7 millones 59 mil 348 casos positivos y 329 mil 761 defunciones a causa del virus. *** Hasta este domingo se tienen detectados 16 mil 534 casos activos de Covid, mismos que se encuentran de manera predominante en las siguientes entidades: Ciudad de México, Baja California Sur, San Luis Potosí, Baja California, Sinaloa, Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro. *** Sobre los casos Covid confirmados acumulados por estado, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.

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