Prefacio.
Nada le hubiera costado al gobernador de Veracruz (y hasta se habría ganado el reconocimiento de la sociedad por su “honestidad”, esa que tanto le atribuye el presidente) hacer un reconocimiento a los legisladores del PRI (en especial a su dirigente estatal, Marlon Ramírez) porque le adelantó el trabajo de “investigar” a la empleada del sector educativo, Araly Rodríguez Vez. *** Este lunes el gobernador informó que ya, ahora sí, se investigan los contratos millonarios que diversas dependencias de su administración le han entregado a Araly Rodríguez, de la que dijo sospechar que se trata de una “presta-nombres”. *** Hace ya más de un año, en diciembre del 2021, en la comparecencia del entonces secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, la bancada priista exhibió los documentos en los que se habían hecho adjudicaciones directas para esa persona, pero la respuesta del secretario fue que se había tratado de “una emergencia” con motivo del Covid-19. *** Pasó todo el 2022, y ni a la Contraloría del estado, ni a los órganos internos de control, se les ocurrió investigar cómo era que una empleada menor de la Secretaría de Educación estaba facturando cientos de millones de pesos al propio gobierno estatal. *** Este lunes el gobernador admitió que ya se entrevistaron con esa persona, quien admitió que ella no era la propietaria de las empresas que conseguían los contratos, sino que su labor se limitaba a ser su “representante legal”. *** El gobernador sospecha (gracias a su incursión como vocero de la Fiscalía ya desarrolló dotes de detective) que alguien está tratando de evadir impuestos, o está consiguiendo encubrir a empresas que corren el riesgo de ser vetadas por la actual administración. *** “Lo estamos investigando porque pensamos que es prestanombres porque algunas empresas no quieren mostrarse por temas de la administración anterior. Piensan que como tuvieron contratos con la administración anterior los vamos a vetar y usan a otra persona como representante legal”. *** No es cosa menor: se trata de al menos 39 contratos dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la de Salud y el DIF estatal, que suman más de 100 millones de pesos. *** Nunca, por supuesto, podríamos pensar que este gobierno sucumbió a la tentación de la corrupción. Eso jamás, pues ellos no son como “los de antes”.
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Es muy probable que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, no haya puesto mucha atención al discurso de la ministra presidente del Poder Judicial federal, Norma Lucía Piña Hernández, durante el acto conmemorativo de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
O para él fue más importante que la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no haya recibido de pie a su presidente y jefe político.
Le voy a recordar un fragmento del mensaje enviado por la ministra Norma Piña:
“Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten, y nunca perder de vista la independencia judicial —la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esa garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre, en beneficio de la sociedad”.
Pero el gobernador de Veracruz sigue pensando que desde su minúsculo púlpito, al estilo del presidente López Obrador, puede incidir en las decisiones de los encargados de impartir justicia.
Cuitláhuac García está empecinado en demoler un edificio en el puerto de Veracruz (conocido como la “Torre Centro”), porque en alguna ocasión, públicamente el presidente, su jefe político, le “sugirió” que daba una mala imagen a esa histórica ciudad.
De inmediato, el gobernador de Veracruz ordenó que se suspendiera la obra, pero los propietarios recurrieron a la justicia federal y ahí, en tribunales, derrotaron al gobierno estatal, que no suele ser muy eficiente en materia jurídica.
Este lunes, el insistió en que carece de un dictamen de riesgos por parte de la Secretaría de Protección Civil (oficina a su cargo, por supuesto) y a pesar de ello un juez le concedió el amparó a los dueños para continuar con la obra.
“No obstante esa advertencia (que no tenía el dictamen de riesgos), el juez los amparó, les concedió el amparo provisional y también resolvieron dárselos en forma (suspensión definitiva) y estos retiraron los sellos de clausura y siguieron trabajando”.
El edificio volvió a ser tema, porque la semana pasada, los fuertes vientos que azotaron al puerto de Veracruz provocaron que a dicho inmueble se le desprendieran diversas partes, que cayeron al suelo y pusieron en riesgo a los pobladores que circulan por esa zona. De hecho, un vehículo estacionado al pie del edificio resulto con severos daños.
El gobernador confirmó que el amparo fue impugnado y dijo “confiar” en que el Tribunal Colegiado detenga la construcción de la torre.
“Esperemos que, con lo sucedido, la instancia que sigue, el juez (en realidad, los tribunales colegiados los integran tres magistrados) razone al respecto; no es posible (seguir la obra) sin tener el dictamen de riesgo, (por lo) que debe de ser clausurada. Que quiten el amparo, no se puede actuar en contra del amparo, la razón ahí está evidenciada. Esperemos que el juez no pretenda seguir en esa línea de ampararlos hasta que suceda una desgracia”.
Mejores argumentos jurídicos y menos juicios mediáticos, podría ser la fórmula para que ese, y muchos otros casos, le puedan resultar favorables.
“Como Ley suprema, la Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y, sobre todo, de unión entre los
mexicanos. Nos obliga a todas las autoridades, en el ámbito de nuestras competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y —muy destacadamente— progresividad”, dijo la ministra Norme Piña el pasado domingo.
Te lo digo, Andrés, para que lo escuches, Cuitláhuac.
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Epílogo.
El gobierno estatal insiste en que la incidencia delictiva “va a la baja”, pero la intransigente realidad todos los días le refuta esa versión. *** Como ejemplo están los vehículos que fueron atacados (dos autobuses de pasajeros y un tráiler) en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura de Acayucan. *** Los pasajeros de los dos autobuses de las líneas Cristóbal Colón y el operador de un tractocamión fueron atacados a tiros por una banda que intentaba asaltarlos. *** Cerca de la localidad Teodoro A. Dehesa, los asaltantes efectuaron múltiples detonaciones contra las unidades. El operador del autobús con número económico 2025 que iba al frente, logró evadir el ataque y siguió su camino sin detenerse, a pesar de que algunos disparos dieron en las ventanillas. *** Las tres unidades siguieron su marcha por cerca de diez kilómetros hasta llegar a la caseta de peaje, donde se ubica una base de la Guardia Nacional (GN). *** Este lunes se dio a conocer la realización del evento “Epic Bike Marathon Veracruz Serial”, que tiene como fin promover el ciclismo. *** Integrantes de la asociación civil Physis Ciclovida Xalapa y Tejones MTB informaron que la competencia constará de cuatro rutas que incluyen Coatepec, Las Vigas, Xalapa y Xico. *** El primer evento se llevará a cabo el 5 de marzo en Campo Viejo, municipio de Coatepec, desde las 8 de la mañana. Bien.
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