Prefacio.
Se anticipó en este mismo espacio: la Fiscalía General del estado (FGE) hizo todo lo necesario para “reventar” la investigación y el proceso en contra de Óscar Felipe “N”, acusado de ser el autor material del homicidio del joven Ángel Sulvarán Xolo. *** El deficiente trabajo de investigación de la Fiscalía quedó demostrado cuando un juez distrito le concedió el amparo al detenido, decisión que fue ratificada por un Tribunal Colegiado en Materia Penal. *** El juez de Distrito como los magistrados coincidieron en que los datos aportados por la FGE no incluyen un señalamiento directo en contra del imputado, ni siquiera de manera indiciaria, que es lo que debe cumplirse en la etapa inicial de investigación. *** La fiscalía presentó una secuencia fotográfica de varios videos de cámaras de videovigilancia, en los que se observa a una persona que sale del departamento de la víctima, pero no se percibe una identificación exacta de ese personaje. *** La Fiscalía aportó a un testigo, quien declaró que observó a una persona de complexión delgada, que vestía ropa oscura frente a la puerta de la víctima, pero no pudo confirmar que se tratara del detenido. *** De la extracción de datos de tres teléfonos celulares, tampoco se pudo deducir que el imputado participó en los hechos. *** El juez y los magistrados concluyeron que ningún dato de prueba aportado por la Fiscalía dio soporte a la conclusión de que el imputado haya privado de la vida a la víctima, por lo que Óscar Felipe obtuvo su libertad el pasado 14 de enero. *** ¿Y la justicia? ¿Y el combate a la impunidad? Hay un muerto, pero no hay culpable.
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¿Recuerdan cuando el gobernador Cuitláhuac García negó que la joven Viridiana Moreno estuviera desaparecida y afirmó ante los micrófonos de los reporteros que, en realidad, estaba “resguardada”?
¿Recuerdan que una vez que se descubrió, desmembrado, el cuerpo sin vida de Viridiana, el gobernador reculó y señaló que sus palabras fueron “sacadas de contexto?
Bueno, pues algo parecido está sucediendo con el caso de otra dama, Araly Rodríguez Vez, a la que el gobernador acusó de ser “prestanombres” de empresarios que se enriquecieron en otras administraciones estatales.
Hoy, una vez que ya sus colaboradores definieron una estrategia (negar que se trate de una empresa irregular), Cuitláhuac García salió a dar su nueva versión:
“Es importante aclararlo y que se sepa. Uno: la empresa no es fantasma. Dos: el domicilio sí existe y es de la empresa”.
Entonces, si él no se equivocó, si Araly Rodríguez es una ciudadana modelo, que además de su trabajo en el gobierno estatal, en sus tiempos libres maneja una millonaria empresa proveedora de insumos para ese mismo gobierno… ¿de quién es la culpa de que se haya armado tal embrollo?
Para eso el gobernador también tiene una respuesta:
“El que señala es duartista hasta las cachas, es del PRI, que ahora va en alianza con el PAN”.
En el gobierno de Veracruz es una vieja práctica; data, en efecto, de los tiempos del más descompuesto priismo. Se le conoce como “estrategia de contención”. Está integrado por una selección de mentes tan brillantes como maquiavélicas, que son activadas en cada ocasión en que su jefe, el gobernador, se mete en problemas por alguna declaración incorrecta, o porque sus colaboradores fueron sorprendidos en algo ilegal y escandaloso.
Algo así (aunque mucho más limitado) fue lo que puso a funcionar el gobernador de Veracruz una vez que -tuvo que admitirlo- se equivocó al admitir que uno de los testaferros de su primo Eleazar Guerrero, había sido descubierto y, frente a la torpeza con la que se operaron sus contratos, era imposible seguirlo negando.
El secretario de Finanzas, José Luis Lima; la contralora, Mercedes Santoyo, el subsecretario “carnal”, Eleazar Guerrero; el titular del área administrativa de Seguridad Pública, Ulises Rodríguez Landa, lo mismo que su homólogo de Salud -entre otros, fueron llamados a buscar soluciones y argumentos para “limpiar” el expediente de Araly Rodríguez.
De ese “war room” salió la idea del “domicilio equivocado”, montando de emergencia unas oficinas ficticias (con letrero incluido) a unos metros de la dirección original, y de ahí mismo surgió el discurso de que todos los contratos asignados a esa mujer fueron cumplidos a cabalidad, y que ella entregó todos los documentos que se requieren para ser incluida en el padrón de proveedores.
La lógica del diputado Marlon Ramírez, dirigente estatal del PRI (y el primero en dar la voz de alerta sobre el caso Araly) es inobjetable:
Dijo que lo más importante no es que el supuesto proveedor salga a decir que no es culpable, o si es esa, o no, la casa donde tiene el domicilio fiscal, sino presentarse ante los medios, el Congreso o alguna instancia gubernamental.
“Lo importante -advirtió- es que el Gobierno de Veracruz salga con todos los involucrados a explicar lo que realmente pasó, porque hay muchas dudas, claras irregularidades y sin duda el tema más evidente de corrupción de la actual administración estatal”.
Y algo debe saber el dirigente priista, quien le envió un mensaje de alerta al gobernador. Le dijo que hay colaboradores dentro de su equipo de trabajo, que le están mintiendo; que no le dan toda la información o incluso le engañan.
¿Será?
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Epílogo.
La FGE confirmó que durante la investigación de un secuestro, en un operativo realizado en la localidad Paso del Toro, del municipio de Medellín, elementos de la Policía Ministerial se enfrentaron a balazos con los presuntos delincuentes, lo que dejó como saldo la muerte de un elemento policiaco y uno más que sufrió lesiones graves. A pesar de eso, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública, detuvieron a dos hombres y a una mujer. *** Un dato para que lo valoren: La deuda pública de México cerró el 2022 en un nivel mayor al que fue aprobado por el Congreso de la Unión. Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) menciona que el año pasado, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda en su medida más amplia se ubicó en un nivel de 14.09 billones de pesos, lo que implica que la deuda representó el 49.4% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra mayor a lo que se aprobó en los Criterios Generales de Política Económica de ese año, en donde se pronosticó una deuda de 48.9 por ciento respecto al PIB. *** Pero juraron que no se endeudarían más.
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