- IRREGULARES TRÁMITES
- EN LA CAPITAL DE VERACRUZ
En estos tiempos de pandemia, los negocios de personas que no conocen el significado de la bandera de la anticorrupción, surgen día a día los ejemplos sobran parece que los despidos en los últimas semanas se dieron en la dirección de transporte público dependiente de la secretaria de seguridad pública, específicamente en la persona de quien se ostentaba como secretario particular el director, no bastan.
No se han superado las barreras del atraco a quienes han pretendido regularizar el alta de los vehículos del servicio público, sino es con el consabido moche, que desleales empleados de ambos sexos, han realizado en esa dependencia desde que entró en funcionamiento la actual administración pública.
Lamentablemente, repetimos, el cambio se dio pero para estar PEOR.
Mientras el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez procura, al menos así se publicita atender las necesidades de la población ante las demandas de apoyos en oficinas como la dirección general de transporte público, las manchas crecen en la administración estatal.
En las últimas semanas han estado llegando a los domicilios de varios concesionarios de transporte público, principalmente taxistas, sobre todo de aquellos que no están afiliados a un sindicato, oficios de cancelación de concesión, por supuesta inactividad.
Muchos de los mismos concesionarios, han acudido al área del departamento jurídico de esa dirección, respondiendo con su presencia a las citas escritas que firma la licenciada Alejandra Segovia Vargas, pero la cual no está laborando, correspondiendo a Elizabeth López atender después de mucho tiempo de espera a los convocados, exponiéndolos al contagio del COVID 19, pues no se guardan as medidas sanitarias que se imponen.
Hasta aquí todo pareciera normal en cuanto a las citas, si así se quiere interpretar, solo que la responsable del área jurídica de la mencionada dirección de transporte PUBLICO, que se sepa, no tiene facultades legales ni para citar ni mucho menos para amenazar con la cancelación de una concesión en la forma que lo está haciendo, pues eso corresponde en todo caso de proceder, al titular de la dirección de transporte público Licenciado Ángel Alarcón Palmeros.
Dos cuestiones llaman la atención, primeramente que la mas de las veces esa inactividad se debe a la necesidad de cambio de vehículo, año, modelo, por agotarse el tiempo en cada unidad debe circular, en estos meses el taxista sufre las consecuencias que provoca la ausencia de labores de la mayoría de dependencias, la inasistencia también obligada, de la población estudiantil. Lo que en síntesis se traduce en una baja demanda del servicio, que viene a asfixiar más la economía de los conductores y los propios concesionarios, cuando operan a través de terceros.
El otro aspecto que llama la atención que desde luego muestra la confabulación entre el área jurídica, del propio personal de transporte público y el despacho de un ex responsable en otras administraciones precisamente en el renglón legal, es que días antes de cada notificación llegue al domicilio de los concesionarios, estos reciben un mensaje de una abogada, miembro del despacho de ese ex funcionario ofreciendo sus servicios para todo problema que el taxista presente en relación al título de concesión, en especial, haciendo énfasis en la cancelación o revocación de la concesión.
Los mensajes llegan a los aparatos telefónicos de los concesionarios, algo muy sospechoso.
Los números de teléfonos de los titulares de los derechos de concesión de taxi, se encuentran en los expedientes y archivos de la dirección de transporte público y solo allí pueden haber sido proporcionados a los voraces abogados.
El número del que se envían los mensajes y le hacen llamadas es el siguiente 2284081550.
El despacho desde el cual se envían los mensajes vía WhatsApp se encuentra a unos pasos de las oficinas de la dirección de transporte público, donde con este tipo de situaciones también se está evidenciando que se proporcionan a terceros información personal que significa un atentado al derecho a la privacidad y es muestra evidente de la corrupción que impera en el gobierno de Veracruz, solapada desde la propia secretaria de seguridad pública que está a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado y depende del propio gobierno de la entidad a través de la secretaria de gobierno que encabeza Erick Patrocinio Cisneros Burgos.
Y luego preguntan porque la actuación del gobernador de Veracruz lo tiene en el fondo de la estadística de las calificaciones de los mandatarios de las entidades federativas de la nación.