Prefacio.
En la actual administración estatal ya no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. *** No quedaron nada conformes con tener que poner en libertad a la excomisionada presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez. *** Como represalia por haber exhibido la inoperancia de la Fiscalía General del Estado (FGE), los cañones de la represión apuntaron contra el contralor interno de ese organismo (supuestamente autónomo) Alfonso Vázquez Trejo, quien fue aprehendido justo en las instalaciones de la Fiscalía. *** Señalan al funcionario de no haber presentado denuncias contra los anteriores comisionados, pese a estar al tanto de la contratación de presuntos “aviadores” y de otras irregularidades que le achacan a Yolli García Álvarez. *** El secretario ejecutivo del IVAI, Javier Herrera Riverón, presentó una denuncia en contra el contralor interno por presuntas omisiones en su actuar durante la gestión de García Álvarez, aunque el contralor afirmó haber presentado denuncias e informado al hoy extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. *** La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dio a conocer que ejecutó la orden de aprehensión en contra del Contralor Interno del IVAI a quien se señala como presunto responsable del delito de incumplimiento del deber legal. *** Así se maneja la justicia en Veracruz.
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No será, desde el ángulo que lo quiera ver, un cierre de año positivo. Vivimos una de las más severas crisis, tanto en lo político, como en lo económico y lo social.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que la inflación volvió a repuntar. En la primera quincena de diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una variación de 0.39% en comparación con la última quincena de noviembre. En la comparación anual, los precios al consumidor aumentaron 7.77%.
Como consecuencia, la inflación se mantiene apenas por debajo de 8% en donde se ubicó en meses pasados, aunque los analistas advierten que se puede dar un repunte al cierre del año.
El informe del Inegi detalló que la inflación subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, desaceleró a 8.35% en comparación anual, luego de varios meses al alza.
Dentro de este rubro, nuevamente lo relacionado con los alimentos fue la mayor presión. Las mercancías mostraron un incremento de 11.08%, mientras que los servicios de 5.22 por ciento.
En el caso del índice no subyacente, este mostró un incremento anual de 6.08% en la primera quincena de diciembre.
Dentro de este rubro, los productos agropecuarios mostraron una variación de 8.85%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno de 3.85 por ciento.
Para nadie es un secreto que el encarecimiento de productos y servicios implica la pérdida del poder adquisitivo y por ello los economistas califican a la inflación como “un impuesto que todos tienen que pagar”, aunque de mayor impacto entre la gente de menores ingresos.
En su esfuerzo por evitar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, los bancos centrales de cada país toman medidas de política monetaria para mantener estable el comportamiento de los precios.
Aumentar la tasa de interés, sin embargo, provoca el encarecimiento de créditos y, con ello, una desaceleración en el consumo.
Menos consumo tiene como consecuencia un menor movimiento de la economía del país y, por lo tanto, una condición propicia para la depresión económica.
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Epílogo.
Al jefe no se le toca. Esa es la consigna en los tribunales ubicados en territorio veracruzano. Ahora fue la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la que “escurrió el bulto” y declaró su incompetencia frente a la denuncia por actos de violencia política de género denunciados por la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Ruth Callejas Roldán. *** La ponencia de la magistrada presidente Eva Barrientos Zepeda planteó que la inconformidad de la legisladora correspondía al Derecho Parlamentario y no al Electoral y por lo tanto no era materia de estudio de dicho tribunal. *** Una vez más tendrá que ser la Sala Superior la que corrija los atropellos de las instancias regionales. *** Otro caso de simulación: Una vez más se suspendió la ejecución de la sentencia de desalojo del predio Jinicuil Manso de Coatepec, en lo que fue el octavo intento fallido. *** Los legítimos propietarios del predio informaron que la diligencia de desalojo estaba programada para las 10 de la mañana de este jueves, pero los elementos de la policía estatal no se presentaron- *** “Claramente están protegiendo a la CIOAC y a las personas que se encuentran dentro de nuestros predios, violando abiertamente las órdenes judiciales y nuestros derechos humanos”, denunciaron. *** Este predio fue invadido en 2019 y se ubica en la congregación de Tapachapan, una zona boscosa. Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) se adueñaron de dicho terreno de casi 2 mil hectáreas, y aunque las instancias judiciales les dieron la razón a los propietarios, las autoridades estatales han incurrido en desacato. *** La anterior ocasión en que se programó el desalojo, el pasado 12 de noviembre, el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no acudió y por lo tanto se suspendió la diligencia. *** Para los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, el estado de Veracruz se ha convertido en una especie de “Triángulo de las Bermudas”. *** Lidia Lara, representante del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, apunta que, en promedio, en esta entidad desaparecen al menos cinco personas por día. *** “Sigue habiendo desaparecidos, hay cinco desaparecidos diarios, entones en vez de disminuir va aumentando. Son casos de jóvenes que están desapareciendo y que es alarmante. Somos cien familias de diferentes estados que han buscado el apoyo del colectivo en redes sociales porque desparecen sus familiares aquí y ellos están en Michoacán, Tamaulipas y Puebla”, explicó. *** Tan solo en lo que va de este mes se sumaron seis familias al colectivo pues las autoridades no actúan para prevenir las desapariciones y tampoco avanzan las carpetas de investigación. *** A pesar de la vigilancia de la Guardia Nacional, un grupo de vándalos se introdujo a la zona arqueológica de Tajín y prendió fuego al área de murales ubicada en el Edificio I. *** Esta zona arqueológica fue catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco desde 1992 y se encuentra bajo el resguardo de la Guardia Nacional, que mantiene en la zona un destacamento permanente, el que -sin embargo- no se enteró de la intrusión. Los daños, dicen, son irreversibles. *** Con motivo de las festividades de fin de año, esta columna suspenderá una semana su aparición. Nos vemos en enero. Gracias.
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