Prefacio.
Con el argumento de que se cometieron violaciones al proceso legislativo (con lo que evitaron entrar al análisis a fondo) el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad las reformas hechas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2017, lo que era considerado como una “Ley Mordaza”. *** Con esa reforma, promovida durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se obligaba a los medios de comunicación a distinguir entre contenidos informativos y de opinión. *** El ministro Alberto Pérez Dayán señaló que existieron omisiones claras al proceso legislativo, como no haber incluido a todas las comisiones que debían de formar parte de la discusión y elaboración de la propuesta. *** “A pesar de estar convocadas tres comisiones distintas para elaborar el dictamen, y con el mismo llevarlo a la sesión plenaria, este no se generó de manera conjunta pues sólo fue una de las tres comisiones la que lo presentó”. *** De igual forma, sostuvo que “las violaciones al proceso legislativo, si bien aisladas pueden no serlo: en suma demuestran la falta de calidad democrática”. *** La ministra Margarita Ríos-Farjat señaló que el proceso se llevó a cabo de manera expedita, por lo que no se llevó a cabo un debate de manera exhaustiva: “Esta votación legislativa de ‘fast track’, o por la vía rápida, me parece inconstitucional; atenta contra los principios de deliberación democrática y va contra lo que se espera del poder legislativo”. *** El ministro presidente, Arturo Zaldívar, consideró que esto no debería de ser un motivo para invalidar la norma, ya que el ritmo en el que aprueban las leyes es facultad del Poder Legislativo. Sin embargo, expuso: “advierto que hay violaciones graves que afectan, trastocan, estos atributos democráticos dado que no se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas (…) al haberse violado los cauces tanto en las comisiones como en el pleno”. *** El ministro Luis María Aguilar mostró su preocupación al exponer que las diferentes violaciones al proceso impidieron un debate en todas las etapas del procedimiento: “Yo observo una absoluta despreocupación en el cumplimiento de las reglas que buscan garantizar el actuar legislativo para que se desarrolle en un contexto de deliberación parlamentaria”.
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A falta de temas que despierten un debate espontáneo entre la sociedad civil (temas que, de preferencia, ella dominara) la zacatecana Rocío Nahle ha decidido retomar la discusión sobre la reforma a la Constitución de Veracruz, con la que se amplió el espectro de posibilidades para ser considerado “veracruzano”.
Es la reforma que todos (no sólo la oposición) conocen como la “Ley Nahle”.
“Es una reforma que hacen los diputados (por supuesto, ¿quién más?), es un honor que le pongan mi nombre, pero la Constitución Política (la federal) en su artículo primero es la no discriminación y yo he sido muy prudente y he respetado todas las opiniones a favor y en contra y agradezco la no discriminación a las personas por su origen”.
En este y en muchos otros espacios se ha explicado hasta el cansancio que no hacía falta esa reforma para que tanto Rocío Nahle, como Ricardo Ahued y muchos otros (deben ser miles) ciudadanos que tienen más de cinco años de residir en esta entidad, pudieran registrarse como candidatos, pues por encima de las limitaciones que impone la constitución veracruzana, están los términos que establece nuestra Carta Magna.
Rocío Nahle, nativa de la hoy incendiada entidad de Zacatecas, juega el mismo juego que practicaban el siglo pasado los más ortodoxos priistas: el juego del “tapado”, que consistía en negar que cualquier acción suya tuviera como fin impulsar su imagen con miras a procesos electorales cercanos, sin negar que dichas aspiraciones estuvieran presentes.
El clásico: “no me encarto, ni me descarto”.
Rocío Nahle fue incluso más cauta: “el tiempo dirá lo que tenga que decir”.
Tampoco es un secreto en Veracruz que el actual gobernador, Cuitláhuac García, lo mismo que su equipo de operadores políticos, trabaja en la construcción de una plataforma electoral que favorezca a la titular de la Secretaría de Energía, y bloquean a todo aquel que, al interior de Morena, pretenda arrebatarle la candidatura a la zacatecana. Ahí están como ejemplo los golpes mediáticos recurrente contra el aún presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados federal, Sergio Gutiérrez, o el expediente penal con el que pretenden mantener al margen de este proceso al Delegado de Programas del Bienestar, Manuel Huerta.
Cuitláhuac García, Éric Cisneros, Juan Javier Gómez Cazarín y el propio dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, tiene claro que el objetivo es impulsar la candidatura de Rocío Nahle y ayudarla en la parte más vulnerable de su imagen: la falta de conocimiento por parte de los veracruzanos.
Rocío Nahle camina poco por Veracruz y cuando lo hace, es en eventos colmados por gente acarreada que no tiene la menor idea de la existencia de la zacatecana y de sus aspiraciones.
Sergio Gutiérrez Luna (él sí veracruzano aunque ausente durante muchos años de la entidad) mostró con facilidad lo frágil de la propuesta política de Rocío Nahle, pues caminó por la entidad, dialogó con grupos que habían sido ignorados por el gobierno de Cuitláhuac García y de la noche a la mañana repuntó en las encuestas, lo que puso muy nerviosos a quienes hoy gobiernan la entidad.
La Ley Nahle no era necesaria para conseguir su postulación. Sin embargo, ahora entienden que al menos les debe servir para mantener su nombre en el imaginario político estatal y así tratar de empatar su nivel de conocimiento y empatía con los veracruzanos, con la presencia que sigue pesando más en Veracruz: la marca “Morena”.
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Epílogo.
Tiene razón el gobernador Cuitláhuac García cuan do advierte que el mal actuar de tres elementos no mancha el trabajo que hace la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz. *** Esto lo dijo en referencia a los tres elementos de esa corporación que fueron sorprendidos al momento de intentar cobrar el rescate por la liberación de una familia a la que privaron de la libertad en las inmediaciones de Ciudad Mendoza. *** El problema, es que han sido precisamente, esos argumentos los que ha utilizado el presidente López Obrador para desacreditar el carácter civil de lo que hoy se conoce como la Guardia Nacional. *** Su principal –si no es que único- argumento para pretender asignar esa corporación al Ejército Mexicano, es que no quiere se contamine por la corrupción, sin dar un solo ejemplo, sólo su palabra. *** Y a propósito de la seguridad en Veracruz, la tarde de este lunes tres personas fallecieron y una más resultó herida, en un atentado ocurrido en un hotel de San Andrés Tuxtla. *** Minutos después de las 4 de la tarde, sujetos armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraban conviviendo en el área de alberca de un hotel ubicado en la calle Herradura, de la colonia El Rodeo. *** Mientras tanto, en la comunidad Piedras Negras, del municipio de Tlalixcoyan, cuatro personas fueron asesinadas a balazos este lunes. *** Los hechos ocurrieron en una vivienda y carpintería ubicada en calle 3 de Diciembre esquina Hidalgo, en el centro de la comunidad. *** Las autoridades confirmaron la muerte por impactos de bala de cuatro personas quienes fueron identificadas como Cándido Sánchez Vargas (exsíndico del Ayuntamiento de Tlalixcoyan); Rosa María Barcelata Fernández;
Nuria Josefina Barcelata Cabrera y Romario Sánchez Morales.
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