Columna 33
- Desapariciones Forzadas
- ¿Javier Duarte de Ochoa?
Por Carlos Lucio Acosta
VERACRUZ (EUM).- Las cifras son diversas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 160 indagatorias sobre desapariciones forzadas, de las cuales 60 corresponden al fuero federal y datan del 2010 al 2017.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desparecidas (RNPED) documenta 726 casos del fuero común y del federal del 2014 al 2017.
La Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con el Registro Público de Personas Desaparecidas (RPPD) encontraron dos mil 400 denuncias en noviembre del 2016.
El número de víctimas no coincide.
En revisión interna localizaron un año más tarde, relación de tres mil 600 personas reportadas por desaparición forzada.
Veracruz ocupó el segundo lugar nacional en desapariciones con 278 casos hasta el 30 de agosto del 2018.
La representante del Colectivo Solecito de Veracruz, Rosalía Castro Toss estima la existencia de cerca de 20 mil casos de personas desaparecidas y desapariciones forzadas hasta el 21 de septiembre del 2019 (www.encontacto.mx).
Señalamientos de medios de comunicación impresa y electrónicos, registran en notas publicadas más de 200 desapariciones forzadas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).
El monto de las desapariciones se presta a la duda.
En textos consultados sobre el mismo tema adjudican la presunta participación del grupo denominado Fuerzas de Investigación de Elite (FIEL), dependiente de la secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).
La presión ejercida por los veinte colectivos de búsqueda que operan a lo largo de Veracruz, influyó para que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez entregara la “Declaratoria del Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos”, en materia de desapariciones de personas, al presidente Andrés Manuel López Obrador, el tres de diciembre del 2018, hace diez meses aproximados.
El Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) documenta 279 casos, en los cuales responsabiliza de las desapariciones a la secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 44 personas; secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de once; Policía Municipal de siete; secretaría de la Marina Armada de México (SEMAR) de seis y Policía Federal (PF) de cuatro.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, dijo carecer de conocimiento sobre el caso de tortura por el cual se acusa al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortíz, temporalmente separado del cargo, y luego aceptó la emisión de 47 recomendaciones a la secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero omite de manera deliberada o accidental el contenido de las mismas (El Heraldo de Xalapa, 24.09.19).
Sin embargo, la presidenta del principal colectivo de búsqueda de víctimas por desaparición forzada El Solecito de Veracruz, Lucía Díaz Genao insiste investigar a Javier Duarte de Ochoa por los delitos de desapariciones forzadas y los relativos al fuero común: abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), reconoció que del 2014 a la fecha han sido asesinados 25 periodistas, ocho desaparecidos y la Fiscalía General del Estado (FGE), mantiene rezagadas más de cien denuncias sobre diversos tipos de agresiones a comunicadores (La Jornada Veracruz, 21.09.19).
La inquietud surge después de conocer la versión de que el exgobernador actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, puede quedar libre dentro de los próximos tres meses del 2019 o durante las primeras semanas del 2020, tomando en consideración que el proceso penal todavía no llega a la fase de juicio.
Esto daría pie a la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE) Verónica Hernández Giadáns de revisar las carpetas correspondientes y luego trabajar sobre la orden de aprehensión, la cual permitiría poner en claro una serie de versiones políticas y rumores jurídicos, que se prestan a la especulación y contribuyen a confundir al lector común y corriente.
Hasta aquí.
Sólo para tus ojos . . .
A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión, señala el artículo 215-B, en el libro segundo del Código Penal Federal.
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