De 2018 a 2021 más de 13 mil servidores públicos declararon modificaciones patrimoniales; los más supervisados son los de la SEV
La Contraloría General del Estado (CGE) informó que ha investigado la evolución patrimonial de 99 servidores públicos de un total de 13 mil 344, durante el periodo 2018 a febrero de 2021.
En respuesta a la solicitud de información 00366121, la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, a cargo de Miguel Ángel Vega García, reportó que durante 2018 se registraron 5 mil 536 declaraciones de modificación patrimonial de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.
En 2020, un total de 13 mil 344 funcionarios cumplieron con esta obligación administrativa; no obstante, las revisiones patrimoniales se aplicaron al 0.75 por ciento del total de las declaraciones de modificación presentadas.
De acuerdo con lo reportado por parte de los órganos internos de control, en 16 entidades del Poder Ejecutivo del Estado, las dependencias que acumulan mayor número de investigaciones patrimoniales son:
La Secretaría de Educación (SEV), con 21 servidores públicos sujetos a investigación; la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP) con 16; la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), con 15 casos; la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) con siete investigaciones cada uno.
Además indicaron que la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) acumula 5 investigaciones; las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de Gobierno (Segob), Seguridad Pública (SSP), de Salud (SS) registran 4 servidores públicos sujetos a revisión patrimonial.
Mientras que la Secretaría de Protección Civil (SPC), la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (Conalep) acumulan una investigación patrimonial, respectivamente.
Por otra parte, al revisar la información oficial sobre los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado que reportaron un posible conflicto de interés durante los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020, se encontró que ninguno de los secretarios estatales aceptaron hacer pública sus declaraciones de intereses.
Cabe destacar que las declaraciones patrimoniales, además de ser una responsabilidad administrativa establecida por Ley, para todos los servidores públicos, es un mecanismo para la rendición de cuentas y funciona como un indicador para saber si el funcionario o servidor no incurre en actos de corrupción.
Durante el año pasado, los servidores públicos que aceptaron hacer pública sus declaraciones patrimoniales, por ejemplo, fueron los choferes, cajeros, enfermeras, docentes, afanadores, albañiles, peritos de tránsito, analistas y auxiliares administrativos, así como delegados, coordinadores, directores y subdirectores estatales.