No hay otra manera de llamar a lo que les hacen las grúas a los automovilistas, que extorsión. Parece que las empresas de grúas andan con radares detectando cualquier mínimo error o a algún automovilista despistado que, sin querer, haya pasado las líneas de restricción por apena 5 o 10 centímetros, y entonces, en lugar de usar el criterio del sentido común, lo primero que hacen es levantar los carros para poder cobrar cantidades estratosféricas por arrastre y corralón.
El gobierno estatal ya dijo que va a regular el trabajo de estas empresas, ¡ya se estaban tardando! Porque más que preocuparnos las multas, preocupa lo engorroso del trámite para recuperar los carros que se lleva la grúa. Uno tiene que faltar al trabajo, porque fácilmente toma más de medio día hacerlo. Y si es fin de semana, olvídense. El cobro por tener el coche en el corralón durante tres días puede llevar a la quiebra a cualquier familia trabajadora. Es cierto que también se puede tramitar un amparo, pero eso es engorroso y lleva meses, que pueden hacer que cualquier coche se eche a perder. Así que, en la práctica, el ciudadano está a su suerte.
La lógica del servicio de grúas debería ser apoyar a que el tránsito vehicular sea fluido, por eso deberían concentrarse en las zonas más concurridas, como el centro de la ciudad. Así que cuando uno ve grúas rondando por Arco Sur, donde el tránsito fluye muy bien ahora que se terminaron las obras, o llevándose motocicletas, queda claro que lo que persiguen es el dinero, como si hubiera premios por levantar más vehículos.
¿Sabía usted que la multa mínima para las motocicletas es de 5 mil pesos? Nos preguntamos quién autoriza esas cuotas y con base en qué. Para una persona que trabaja como repartidor, que son la mayoría de los motociclistas, una multa de ese tamaño es un pago excesivo. Por eso es tan importante que la autoridad pública les ponga un “estate quieto” a las empresas privadas de grúas. Ellos se hacen millonarios, mientras quienes trabajan con el sudor de su frente, no tiene quien los ampare.
