Que se recuerde, en el último medio siglo ningún secretario de Gobierno en Veracruz logró concentrar tanto poder como desde 2018 lo ha hecho Eric Cisneros Burgos en la administración del gobernador Cuitláhuac García.
Ni Ignacio Morales Lechuga en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes, tampoco Dante Delgado con Fernando Gutiérrez Barrios, y menos Miguel Ángel Yunes Linares con Patricio Chirinos Calero, pese a que los tres fueron considerados en su momento como los “hombres fuertes” y “vicegobernadores”, principalmente los últimos dos que, en distintas circunstancias, lograron llegar a la gubernatura. El alvaradeño-cordobés designado directamente por el Congreso local como sustituto de Gutiérrez Barrios en 1988, cuando todavía militaba en el PRI, y el de Soledad de Doblado, expriista y ahora panista, electo mediante el voto popular en 2016 para un corto periodo de solo dos años.
Aunque su extensa burbuja de poder se ha ido restringiendo por las restas de algunos de sus iniciales aliados –entre las más significativas, su distanciamiento con el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder del Congreso local, quien desde la anterior Legislatura se sacudió su tutela, y la reciente renuncia de Hugo Gutiérrez Maldonado a la Secretaría de Seguridad Pública, cuya relación varió notablemente desde enero del año pasado, a raíz del video difundido por un grupo criminal de la región del municipio de Isla vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que aparecía un supuesto sobrino que al ser interrogado confesó que su “tío” lo trajo de Quintana Roo y que le dio armas y 5 millones de pesos para reclutar sicarios que le disputaran la plaza de la Cuenca del Papaloapan al Cártel de Sinaloa, rival del CJNG–, Cisneros Burgos aún sigue siendo un funcionario sumamente poderoso, pues tiene control absoluto de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde despacha Verónica Hernández Giadáns, y de la Delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Gonzalo Medina Palacios, dos incondicionales que hasta 2019 eran sus subordinados en la Secretaría de Gobierno, una como directora de Asuntos Jurídicos y el otro como director general del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública.
Ambas fiscalías, principalmente la estatal, le han servido para intimidar, perseguir penalmente y encarcelar a sus adversarios políticos. Los casos más notables han sido los del exdirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, quien fue secretario general de Gobierno con el exgobernador Yunes Linares, preso desde el proceso electoral federal de 2021; el exalcalde de Tierra Blanca y exdiputado local panista Tito Delfín Cano, quien era el candidato del grupo del exmandatario del PAN para contender por la dirigencia estatal del partido blanquiazul, y José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, a quien pretendieron imputarle la autoría intelectual del asesinato de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera ejecutado el año antepasado, dos días antes de la elección municipal.
Paradójicamente, Del Río Virgen y Eric Cisneros coincidieron como militantes del partido naranja, anteriormente llamado Convergencia, del que es diputada local Ruth Callejas Roldán, quien ha puesto en riesgo las aspiraciones del secretario de Gobierno para la sucesión estatal de 2024 al denunciarlo por violencia política de género, un caso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de remitir anteayer al Órgano Público Local Electoral (OPLE-Ver) para ser revisado, y si el funcionario resultara responsable, sería inscrito en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, quedando inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Este jueves, Movimiento Ciudadano difundió un comunicado en el que “celebra” la revisión de la Sala Superior del TEPJF, “que el día de ayer confirmó acerca del caso de la diputada Ruth Callejas Roldán, el cual se deberá analizar desde la perspectiva de violencia de género. Hecho que sin duda sentará un precedente en los derechos de las mujeres a nivel nacional”.
“Es por ello que esta votación histórica ayuda a expandir la protección de los derechos político-electorales contra actos que ocurren en los Congresos locales y que obstruyen el desempeño de los cargos de las legisladoras. Con ello, se abre una nueva definición de los límites entre el Derecho Parlamentario y el Derecho Electoral. De modo que intercedan para asegurar que las legisladoras cuenten con las condiciones mínimas para cumplir –libres de toda violencia–, con el mandato representativo que la ciudadanía les concedió mediante el derecho al sufragio”.
Y es que este miércoles, al revisar el expediente SUP-REC-506/2022, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF determinaron que se tendrá que analizar a fondo la respuesta que dio el titular de la SEGOB a la legisladora, pues él no goza de inmunidad parlamentaria, que es el derecho que tiene los legisladores a expresar su opinión, como parte del debate en el recinto legislativo.
La sentencia estaba perfilada para validar lo hecho por el Tribunal Estatal Electoral de Veracruz y la Sala Regional Xalapa del TEPJF; sin embargo, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral consideraron que la respuesta de Cisneros Burgos en su comparecencia no formaba parte del debate parlamentario y que, por lo tanto, era inválido.
Cuando el tema se llevó al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el entonces magistrado Roberto Sigala Aguilar –quien supuestamente le debía dicho cargo al exsenador priista Héctor Yunes Landa, y quien ahora, al concluir su periodo como magistrado electoral fue promovido por el grupo legislativo de Morena a una magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (Trijaev)–, aseguró que las respuestas del secretario de Gobierno no constituían violencia política de género, pues lo dicho por Cisneros Burgos fue en el marco de un debate parlamentario, a pesar de que el funcionario no era par de la diputada.
