La escalada de violencia en el estado que ha llevado a los asesinados entre sicarios de bandos contrarios, ciudadanos inocentes, un diputado local o una presidenta municipal; y, en este caso, la indefensión en la que fue colocada la edil jamapense y la población de ese lugar, por la decisión de desarmar a los elementos policiacos sin la acreditación correspondiente de esa corporación municipal, sin que fuera sustituida con efectivos estatales, sea por razones políticas o de seguridad, ordenado desde alguna oficina Palacio de Gobierno, omisión que deberá investigar la Fiscalía General del estado para deslindar responsabilidades. Las circunstancias que rodean este crimen, las tres líneas de investigación cin mencionarlas a las que hizo referencia el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, u otras que no incluyó, especialmente el señalamiento que hizo días antes la propia finada en un audio que se hizo público a nivel nacional, donde cita la amenaza que del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos de que: “si tu esposo no se entrega, no le voy a regresar las armas a tu policía. Te vamos a quitar a la policía”. Hay otros antecedentes de ese comportamiento brusco y contra la ley del titular de la Segob estatal a diputados, periodistas, magistrados y alcaldes de partidos opositores al gobierno morenista, en este caso del PRD al que pertenecía la edil asesinada, de acuerdo con denuncias recientes que presentaron senadores y dirigentes de ese partido. Esa sería la principal línea de la indagatoria, sobre la cual no se observa que pueda variar por parte de los actores políticos del país y del estado, que piden la cabeza del secretario Cisneros, a quien ayer trató de deslindar y dio su respaldo el mandatario veracruzano, afirmando que éste cumple sus instrucciones y ofrece resultados. Contrario a otros asuntos sin mayores consecuencias, el crimen de la alcaldesa levantó tanto polvo, aún más que cuando victimaron al diputado local Juan Carlos Molina Palacios, lo que en el escenario actual podría resultar muy costoso polìticamente para el gobernador García y su partido Morena frente a la línea marcada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el gobierno de la 4T no reprime a sus adversarios, como lo hicieron sus antecesores, lo que se contradice con este tipo de hechos. Esto no significa ni sugiere que el titular de la Secretaría de Gobierno tenga alguna responsabilidad en el asesinato, sino en su actuación prepotente e irrespetuosa de la que frecuentemente es señalado, algo que hace mucho tiempo sucedía con ningun otro funcionario en ese mismo cargo, a excepción del tiempo en que Miguel Ángel Yunes Linares ejerció un poder casi infinito como segundo de a bordo en el gobierno de Patricio Chirinos Calero para mantener orden y control del estado con el uso de la fuerza contra sus enemigos. ¿Qué dictarán desde los altos mandos? Debe esperarse cómo se desentraña este crimen del que el Gobernador atribuyó al entorno cercano a la desafortunada presidenta municipal.