No son pocos los calificativos que pudieran atribuirse a quienes como Emilio Lozoya y Emilio Zebadúa se acogen al amparo de la figura de “testigo protegido” para preservar su libertad a costa de delatar a sus presuntos cómplices, tal condición revela por lo menos dos realidades: 1) la incapacidad de la Fiscalía General para investigar uh desvío de miles de millones de pesos y para solventarlo acude al expediente de “proteger” al principal implicado para resolver el caso y 2) que lo importante no es hacer justicia sino el uso de la ley para hacer circo mediático y desnudar al adversario político. En este caso, lo que no logró con Rosario Robles la Fiscalía lo consiguió con el operador central de la “estafa maestra” convertido en traidor al colocarse en el patético papel de delator acogiéndose a poco ético aserto: “de que lloren en li casa, mejor en la tuya”.
