Álvaro Belín Andrade / Hora Libre / Veracruz, gobernantes contra mujeres

Este lunes, Alejandro Montano será delegado de Segob
Como aquí adelantamos, el excandidato priista a la alcaldía de Xalapa, Alejandro Montano Guzmán, tomará protesta este lunes como nuevo delegado de la Secretaría de Gobernación en Veracruz. Aunque había una regla no escrita de que esta delegación federal no estuviera a cargo de un funcionario oriundo del estado al que representara, sobre todo porque en automático se convierte en coordinador de todas las delegaciones, Miguel Ángel Osorio Chong parece que desoyó la conseja.
El evento se celebrará este lunes, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas del Organismo de Cuenca Golfo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El Jefe de la Unidad de Enlace Federal de la Segob, Juan Salgado Brito, dará las palabras de bienvenida a todos los delegados federales, mientras que el exgobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, Subsecretario de Gobierno de la Segob, dará un mensaje final y clausurará la reunión, luego de que Alejandro Montano tome protesta del encargo.
Contrastará este evento con el que se realizó el lunes pasado en Aguascalientes para tomarle la protesta a Ángel Isaac Ochoa Pérez, delegado de la Segon en Veracruz que fue prácticamente corrido de acá, a donde solo acudió Juan Salgado Brito con la representación de Osorio Chong. En cambio, para empoderar al veracruzano acudirá un funcionario de alto rango como el exmandatario guerrerense.
Con el hallazgo del cuerpo maniatado de Ashley Malixi Miranda, una joven de 20 años que había sido secuestrada el 9 de diciembre en Poza Rica y quien fuera tirada en un camino rural del municipio de Papantla, acumulando expedientes de feminicidios en una Fiscalía renuente a investigar, este miércoles Veracruz recibió una segunda Alerta de Género contra las Mujeres, sin que las autoridades estatales, incluido el Congreso local, tengan la menor intención de atender.
En noviembre de 2016 se emitió la primera alerta, por violencia feminicida, que se enfocó en 11 municipios; la que esta semana ha emitido la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a través de la Secretaría de Gobernación, profundiza un debate saldado en el Congreso local, bajo el escrutinio y la presión de los jerarcas católicos y el ánimo electorero del gobierno panista (que no quiere recibir una acción proselitista de la Iglesia en contra en 2018), para que en la constitución y la legislación penal local se despenalice el aborto en circunstancias específicas que hoy son causa de penas condenatorias de cárcel.
Como rápidamente se lanzó el gobierno yunista a aclarar, en efecto esta segunda alerta no se relaciona con feminicidios (que sí contempla la primera y que no ha sido satisfecha para ser levantada), sino por existir un marco normativo o una política pública que violenta los derechos de las mujeres, en específico los sexuales, reproductivos y de salud. El colectivo Equifonía, quien hizo la solicitud, argumentó que en Veracruz las mujeres se enfrentan con regulaciones restrictivas, así como con diversos obstáculos para el acceso a servicios para un aborto seguro cuando han sido víctimas de una violación sexual o cuando su salud está en riesgo.
Una vez dada a conocer la segunda alerta de género contra las mujeres por agravio comparado, la oficina de comunicación del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se apresuró a aclarar que esta declaratoria “obedece principalmente a que el Congreso del Estado de Veracruz no realizó las modificaciones al Código Penal solicitadas por la Conavim, debido a que la Legislatura consideró inviable por el momento poder realizar reformas al Código Penal para evitar contravenir la Constitución Local y en razón de que el Artículo Cuarto de la Constitución se encuentra en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo de la acción de inconstitucionalidad número 16/2016 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2016.”
Es un argumento que ha repetido el gobernador Yunes. Sin embargo, algo de desdén por apresurar la desactivación de los supuestos obstáculos legales que impiden legislar al respecto han permitido que hasta el momento no haya una determinación firme en nuestra legislación local. Pese a ello, aclara, el Gobierno del Estado “atendió las recomendaciones emitidas por Conavim consistentes en garantizar los derechos reproductivos y sexuales en el Estado de Veracruz, a través de un programa de la interrupción legal del embarazo y de la Norma 046 de Salud, garantizando en las Jurisdicciones Sanitarias con médicos no objetores el mecanismo de protección en caso de violencia sexual”.
El Congreso local, ¿culpable?
El 28 de septiembre pasado, los diputados locales rechazaron una iniciativa presentada por la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, para ampliar la causal de salud para la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, una reforma que cumpliría una recomendación de la Conavim a los tres poderes del estado, cuyo plazo de seis meses se cumplió el 30 de septiembre. Desde entonces se hizo inminente la segunda alerta de género.
Ya vimos el argumento legal esgrimido por el gobernador Yunes, sin embargo, lo que la mayoría de analistas políticos y organizaciones civiles observaron fue que, como en el gobierno de Javier Duarte, las restricciones marcadas contra la interrupción legal del embarazo se derivaron de la creciente presión de la Iglesia, en particular del Arzobispado de Xalapa.
Lo único que pidió la Conavim fue la reforma al Código Penal vigente en Veracruz en sus artículos 149 y 154, con lo que se evitarían casos como el denunciado por María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), quien ha señalado que en Veracruz se tienen registrados 500 casos de menores de edad violentadas sexualmente y, sin embargo, la autoridad se niega a autorizar abortos.
El vigente artículo 149 del Código Penal señala que “comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de las etapas”, mientras que la propuesta de reforma busca estipular que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. También proponen la revisión del primer enunciado del artículo 154 (“el aborto no es punible cuando…”), porque la concepción de no punibilidad implica una criminalización, aun cuando no medie una sanción o una pena después de un proceso penal.
Pese a que fue en su ámbito de competencia donde se echó abajo la propuesta legislativa que permitiría cumplir con la recomendación de la Conavim, la diputada María Elisa Manterola, presidenta de la Mesa Directiva, le regresó la bolita al gobernador Yunes: “Atender la Alerta de Género no sólo es responsabilidad del Congreso local”, un poder que –añadió– cumplió con las recomendaciones de la Conavim, y dijo algo que ha marcado su torpeza emblemática en las lides políticas: “Yo no veo a ningún cura de diputado”, para negar que haya habido una presión de la Iglesia.
Mientras tanto, la lista de mujeres asesinadas por cuestión de su género, así como los casos de mujeres víctimas de violación o con graves problemas de salud en sus embarazos, deberán seguir con la concepción de sus hijos so pena de ser indiciadas en procesos penales. ¡Así, Veracruz!
Comentarios: [email protected] | www.alvarobelin.com | Twitter: @AlvaroBelinA