Por Miguel Ángel Cristiani
En este país en donde lo excepcional es la transparencia y no la trampa, el caso de la remodelación del Aquárium de Veracruz merece ser analizado no solo como una obra pública fallida, sino como un síntoma. Un síntoma de enfermedad crónica: corrupción impune, opacidad institucional y desprecio por la ley. Porque lo que se pretendía vender como un símbolo del progreso y el turismo en la entidad ha terminado, según el propio ORFIS, como una operación fraudulenta que le costó al erario más de 81 millones de pesos… y contando.
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha documentado, con pelos y señales, lo que se teme cada vez que se anuncia una “obra emblemática”: pagos en exceso por trabajos no realizados, materiales de mala calidad, falta de permisos ambientales y, lo más indignante, la ausencia total de rendición de cuentas. El Aquárium, que debía ser una joya para el puerto jarocho, está plagado de módulos de concreto que se desprenden, estanques mal terminados y deficiencias estructurales que evidencian que se privilegió el negocio sobre la función pública.
Que no nos engañen con justificaciones técnicas. El problema no es que se haya calculado mal una estructura o que se haya presentado humedad por las condiciones del lugar. El problema es político y ético: se gastaron más de 512 millones de pesos en una obra sin permisos de SEMARNAT, sin dictámenes ambientales, sin evidencia documental del gasto, sin supervisión técnica competente, y con el claro tufo de una transa bien orquestada.
Vivimos en un Veracruz donde las autoridades han hecho del maquillaje institucional una especialidad. Lo mismo ocurre con estadios, auditorios y “nidos” deportivos que se levantan a toda prisa en medio de opacidad y contratos inflados. El caso del Aquárium es apenas uno de los tres proyectos señalados por el ORFIS como foco rojo en la Cuenta Pública 2024. ¿Quién responde por esos más de 81 millones de pesos “perdidos”? ¿Dónde está la cadena de responsabilidades administrativas y penales? ¿O ya se nos olvidó que cada peso desviado no es abstracto, sino concreto: ¿son aulas que no se construyen, medicinas que no llegan, caminos que siguen siendo veredas?
Las cifras no mienten, pero los políticos sí. Y ante el descaro institucional, no podemos seguir normalizando el “así son las cosas”. Esta columna no busca linchar a nadie, pero sí exigir que se apliquen las consecuencias legales con todo el peso que permite el marco jurídico. Porque no basta con detectar el daño: hay que resarcirlo y castigar a quien lo haya provocado. Lo contrario es complicidad disfrazada de omisión.
Uno de los puntos más graves —y menos comentados por los medios alineados al oficialismo— es la omisión absoluta de los permisos ambientales. La obra no cuenta con el resolutivo correspondiente de SEMARNAT, lo cual no es un tecnicismo burocrático, sino una falta legal grave. Cualquier obra con impacto ecológico debe pasar por estudios ambientales. ¿Cómo se permitió operar y remodelar un acuario, cuya función misma es la preservación de especies, sin esos estudios?
Estamos hablando de un recinto que alberga fauna marina, que debe cumplir con normativas federales, y que terminó siendo intervenido como si se tratara de un estacionamiento cualquiera. La irresponsabilidad ambiental no solo compromete al estado, sino al país entero ante tratados internacionales de biodiversidad. ¿Quién firmó los contratos? ¿Dónde están los responsables de la evaluación ambiental? ¿Y qué tiene que decir la SEMARNAT?
Este caso es también una lección para la ciudadanía. El desfalco en el Aquárium no se habría hecho sin el silencio cómplice de varios niveles de gobierno. Tampoco sin la apatía de una sociedad que, cansada de tantos fraudes, ha optado muchas veces por la resignación. Pero la resignación no es neutral: beneficia a los corruptos. Por eso es urgente volver a ejercer la ciudadanía crítica, informada, incómoda para el poder.
El informe del ORFIS es un buen comienzo, pero no es el final del camino. Si la Fiscalía Anticorrupción del estado no actúa, si los legisladores no exigen cuentas, si la sociedad civil no alza la voz, este episodio quedará enterrado en la gaveta de los escándalos sin justicia. Y el mensaje será claro: en Veracruz, robar sale barato.
La remodelación del Aquárium es apenas una grieta más en el muro de desconfianza entre los ciudadanos y sus gobiernos. Pero esa grieta debe servirnos para mirar hacia adentro y hacia adelante. No es solo una obra mal hecha. Es una advertencia. Porque cuando un gobierno no cuida ni su propia vitrina, es señal de que el fondo ya está podrido.
Y a los responsables de este desfalco, un recordatorio: el pez por la boca muere. Y los expedientes del ORFIS, aunque lentos, no olvidan.
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