AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
* ROSALDO: ALFIL DE NAHLE EN LA FGR
Ayer trascendió que Mauricio Rosaldo García, otro miembro de una conocida familia del puerto de Coatzacoalcos muy allegada a la gobernadora Rocío Nahle, será el nuevo delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Veracruz.
Rosaldo García sustituye a Gonzalo Medina Palacios, quien ocupaba este cargo desde
marzo de 2019, al cual llegó con el padrinazgo político del entonces secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien en diciembre de 2018 lo había nombrado director general del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, dependiente de la Segob.
Mauricio es hijo del doctor Pedro Miguel Rosaldo Salazar, ex diputado federal, y es hermano de Pedro Miguel Rosaldo García, a quien Nahle nombró primero como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y luego, cuatro meses después, lo promovió como candidato de Morena a la alcaldía porteña. Su otro hermano, Andrés, se desempeña aún como Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, pese a que en febrero de este año fue sentenciado por uso indebido de recursos públicos por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego que se le comprobó que, como Secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, había ordenado el retiro de propaganda oficial de Movimiento Ciudadano (MC) aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE), según el expediente SRE-PSD-8/2025 de la Sala Especializada del TEPJF.
Hasta ayer, Mauricio Rosaldo venía colaborando en la FGR con María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), donde le tocó conocer de las denuncias que el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier y la diputada federal del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentaron por separado en abril de 2024 en contra de Nahle y de su esposo José Luis Peña durante la campaña electoral por la gubernatura.
Inclusive, la empresaria Patricia Armendáriz publicó en sus redes sociales dos semanas antes de las elecciones, el lunes 20 de mayo, que como diputada federal de Morena había solicitado a la fiscal Mijangos Borja que le informara sobre el estado y avance de la denuncia interpuesta por Castagné sobre presuntos actos de corrupción de la ex secretaria de Energía.
Y es que dos días antes, el sábado 18 de mayo, ante la petición que en la red social X le hizo el empresario de San Rafael para que siguiera la denuncia que había presentado ante la FGR el mes anterior, la diputada morenista le respondió a Castagné también a través de un tweet: “Haga su denuncia ante la autoridad competente y le prometo que yo personalmente le daré seguimiento. Lo invito a dar ejemplo de responsabilidad civil. Así todos salimos de las dudas con transparencia”.
En su oficio dirigido a la fiscal, Armendáriz Guerra destacó que uno de los principales objetivos de Morena era erradicar la corrupción y los privilegios en los cargos públicos y la representación política, por lo que la diputada le solicitó respetuosamente a Mijangos Borja que, en pleno respeto a las formalidades del procedimiento penal y conforme a la legislación de transparencia y acceso a la información, informe sobre el trámite y el estado actual de la denuncia.
“Dado que este asunto se enmarca en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también cae dentro de la competencia de la Cámara de Diputados, le solicito respetuosamente que me informe sobre el trámite y el estado actual de dicha denuncia”, expuso en su escrito la legisladora morenista, reconociendo la sensibilidad social y política de la fiscal, así como su compromiso con el servicio a México, y expresándole que quedaba a la espera de una respuesta favorable.
Sin embargo, tres meses después, el 5 de agosto, Mijangos fue denunciada por delitos contra la administración y obstrucción de la justicia por la diputada panista Pérez-Jaén, quien promovió también un amparo ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, para que la Fiscalía Anticorrupción le informara sobre el estado de las 205 denuncias penales que había presentado desde junio de 2022 por distintos casos de corrupción y uso irregular de recursos públicos, entre ellas por las presuntas irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2021, que sumaban 533.1 millones de pesos, relacionadas con la construcción de la refinería de Dos Bocas que tuvo a su cargo Nahle.
En los escritos que entregó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la legisladora de Acción Nacional indicó que Nahle, “en su carácter de Secretaria de Energía, y nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como encargada de la construcción de la refinería de Dos Bocas, es responsable de estas irregularidades de conformidad con lo señalado en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”.
“De acuerdo con los Informes de Resultado de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Petróleos Mexicanos en las Cuentas Públicas de 2019 a 2021, se detectaron múltiples irregularidades en donde se señalan a las subsidiarias Pemex Corporativo y Pemex Logística, reflejando deficiencias en los procesos de gestión y control financiero de esta empresa productiva del Estado”, señaló la diputada.
Las irregularidades, dijo, no se limitan únicamente a los montos pendientes de recuperar o aclarar, sino que también se observaron prácticas cuestionables en la ejecución de contratos y proyectos. “(Las) irregularidades abarcan una amplia gama de situaciones, desde pagos indebidos y excesos en pagos a distribuidores y beneficiarios, hasta la falta de pago de anticipos y otras discrepancias relacionadas con la realización de proyectos”, detalló.
NAHLE SE ENTRAMPA
Ayer, por cierto, se difundió en entrevista que la gobernadora Rocío Nahle concedió a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores del programa “Los Periodistas”, que transmite el medio digital “Sin Embargo”, en la que la mandataria veracruzana lamentablemente se entrampó al emitir una serie de juicios ligeros en contra de “algunos” alcaldes electos de Movimiento Ciudadano.
Y es que, en su amplia charla con los periodistas afines a la 4T, Nahle García, quien dijo que ha mantenido reuniones con las alcaldesas y alcaldes electos del Partido del Trabajo (PT), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Morena, aseguró que “hay algunos municipios que están muy difíciles” porque “Movimiento Ciudadano puso delincuentes de candidatos y algunos ganaron, entonces ahí está complicado, imagínense nada más”.
Sin embargo, contradictoriamente, la gobernadora declaró que a pesar de ello trabajará en coordinación por toda la población veracruzana “gobierne con quien gobierne…”
Pero, si deveras está segura y cuenta con las evidencias suficientes de que son “delincuentes” algunos ediles electos de MC, ¿acaso no está obligada por ley a proceder penalmente contra ellos? Y si realmente le consta que están implicados en delitos del fuero común, entonces debería recurrir a la Fiscalía General del Estado, o si sus presuntos actos delictivos correspondieran al fuero federal, pues ya va a tener en la Delegación Estatal de la FGR a un incondicional para que proceda contra ellos.
El problema es que, si ahora no lo hace, quedará en entredicho y hasta le resultaría responsabilidad por omisión.
