No ha habido gabinetes estatales en los que al menos haya dos bandos y estos escenifiquen luchas que en ocasiones llegan a terminar en guerras.
Por lo general los colaboradores del gobernador en turno se alinean en dos bloques, el que comanda el que lleva los asuntos políticos (secretario o subsecretario de Gobierno) y el que maneja el dinero (antes el tesorero y ahora el secretario o algún subsecretario de la Sefiplan).
Ni el gabinete de un político como Fernando Gutiérrez Barrios se salvó de eso. Dante Delgado Rannauro y Raúl Ojeda Mestre pelearon desde un inicio y su guerra subió de tono cuando vieron que estaba en juego la sucesión en la gubernatura, pues todo apuntaba a que el entonces presidente electo, Carlos Salinas de Gortari, llamaría a don Fernando a su gabinete.
Dante, quien ya había dejado tirado en el camino a Fernando Córdoba Lobo, noqueó a Ojeda y fue gobernador sustituto, con los resultados ya conocidos y cuestionados de su gobierno.
Pero antes de que hubiera un ganador las filtraciones, ataques e intrigas fueron la constante.
Algo similar ocurrió en el gobierno de Patricio Chirinos, entre el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes, y el secretario de Finanzas, Guillermo Rivera, quien terminó perdiendo cuando, inesperadamente para algunos, fue enviado de la titularidad de la Sefiplan a ser uno más del gabinete en la secretaría de Comunicaciones.
Estos son dos ejemplos, pero, insistimos, este tipo de pleitos, que tienen su origen en la lucha interna por el poder, se han dado en los gabinetes de todos los gobernadores.
Ahora, a la lista de sucesos que han ocurrido después del primer año del actual gobierno, cuando casi todo pasaba solo por la oficina del secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, hay dos hechos que son significativos sobre la relación que existe entre algunos integrantes del gabinete, los que tienen poder.
El caso de la proveedora Rodríguez, favorecida con numerosos contratos, y la detención del alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García.
Sobre los contratos repartidos por decenas a una misma persona, la versión que corre es que los primeros datos fueron filtrados por alguien del mismo gobierno, aunque después, ya por cuenta de la prensa, se ampliaron y terminó en escándalo.
Con relación al segundo, la detención de un alcalde nunca es obra de la casualidad y menos hacerla público si no hay una intención detrás de la aprehensión.
Al edil, quien supuestamente llevaba en la camioneta en la que se desplazaba, armas, chalecos tácticos y un radio de comunicación, no lo detuvo una corporación federal sino policías de Seguridad Pública.
Estos policías debieron reportar de inmediato a sus superiores a quien estaban deteniendo (un alcalde de las filas de Morena, amigo del secretario de Educación, Zenyazen) y la situación que lo rodeaba. Lo que siguió fue su consignación a un fiscal de la FGR, aunque una semana después fue liberado, pues un juez no le dio crédito a lo reportado por la SSP.
Son inevitables los choques en los gabinetes, la cuestión es que cuando llegan a causar inestabilidad es momento de frenarlos y ubicar a los rijosos.
