Si el presidente López Obrador imaginó una transición lineal entre el viejo y el nuevo régimen se está encontrando con serias trabas institucionales, jurídicas, económicas y políticas que caminan en sentido inverso a su proyecto. En la Suprema Corte de Justicia se acumulan las denuncias en contra de reformas legislativas ya aprobadas por el Legislativo, linstituciones autónomas, como el INE, INEGI, Banco de México, etc., no se doblegan a sus deseos de sumisión absoluta, la oposición política no deja escapar oportunidad para señalarle lo que considera erróneos aconteceres de su gestión, y en la economía los intereses creados, los inversionistas de buena fe y representantes de los sectores de la producción oponen seria resistencia a no pocas de sus políticas públicas. De estas últimas (fresco aún el problema de derivar hacia Pemex concesiones pertenecientes a empresas extranjeras que presagian conflictos judiciales de orden internacional), ahora levanta gran polvareda el anuncio presidencial de crear la empresa estatal “Gas Bienestar”, incorporada a Pemex, con el pretendido fin de “crear” competencia entre las empresas del ramo y bajar el precio del gas. Para De concretar esa idea pasarán algunos meses, pero las finanzas públicas difícilmente aguantarán a sostener una empresa de esa naturaleza y finalmente nada resolvería, salvo agravar aún más las finanzas de PEMEX. Dicen quienes de eso saben que, debido al costo operativo de esa aún hipotética empresa, el referido anuncio podría quedar en simple amago.
