Incapacidad auditora del ORFIS
Miguel Valera
Han empezado a circular versiones de la posible remoción o salida de la titular
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Delia González
Cobos, por la incapacidad del ente auditor en el incumplimiento de sus
obligaciones legales en lo que respecta a la revisión de la Cuenta Pública 2019.
Aunque algunos comentarios apuntan a que la ex procuradora Fiscal de la
SEFIPLAN estaría más bien tirando la toalla, debido a la nula respuesta de
funcionarios estatales para solventar las observaciones de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), los datos verificables que saltan a la vista muestran
incumplimiento en las tareas de fiscalización de los entes públicos.
El 31 de agosto de 2020, en el número extraordinario 348 de la Gaceta Oficial del
Estado se publicó un Acuerdo señalando que “de manera excepcional”, en virtud
de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se prorrogó la entrega de los
informes individuales y el informe general ejecutivo de la revisión de las cuentas
públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, que realizan ORFIS y Congreso,
para entregar a más tardar el 31 de enero de 2021. También, se prorrogó la
aprobación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019 que
realiza el Congreso del Estado a más tardar el 02 de marzo de 2021.
Fue la propia auditora Delia González Cobos quien señaló que en aras de ejercer
su atribución fiscalizadora, sería el propio personal del ORFIS el que realizaría los
trabajos de revisión de los 334 entes a fiscalizar. Ya desde su llegada a esta
dependencia inició una persecución en contra de despachos privados, muchos de
ellos, eso también hay que anotarlo, ligados a viejas prácticas de corrupción, que
se dedicaban a restañar los hoyos fraudulentos de entes públicos, pero muchos
otros con una gran solvencia profesional en el desempeño de las auditorías.
“Queremos que lo público regrese a lo público”, indicó González Cobos y así, se
puso manos a la obra con una lista de 334 entes a fiscalizar pero cuando vio venir
las cosas encima modificó el Programa Anual de Auditorías para dejarlo en 307,
quitando por ejemplo, a cinco organismos autónomos, al Centro Estatal de
Justicia Alternativa y al Fideicomiso de Administración e Inversión Número
F/407807-7, del Poder Judicial, por citar algunos.
Tenían programadas, otro ejemplo, 11 auditorías especiales de legalidad y
desempeño al Poder Judicial (Seguimiento de la revisión efectuada a las Ciudades
Judiciales); Secretaría de Seguridad Pública (Capacitación y Evaluación de
Elementos Policiales); Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación); Servicios de Salud
de Veracruz (Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud); SSP
(Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales); SEDARPA (Desarrollo Rural
Sustentable en Zonas de Alta Marginación); Servicios de Salud de Veracruz
(Prestación de Servicios de Atención Médica); Ayahualulco (Plan Municipal de
Desarrollo); Xalapa (Plan Municipal de Desarrollo); Zozocolco de Hidalgo (Plan
Municipal de Desarrollo) y el Instituto Metropolitano del Agua.
En una reprogramación sólo dejaron una auditoría en la SEDARPA; una al
Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP); la de
Ayahualulco; la de Xalapa; la de Zozocolco de Hidalgo y la del Instituto
Metropolitano del Agua, liberando, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad
Pública que preside Hugo Gutiérrez Maldonado, de esa responsabilidad de
auditoría especial de legalidad y desempeño.
Aunque tenían una prórroga 2020 que se extendió a este 2021, la mayoría de las
auditorías debieron haber concluido entre julio y septiembre del 2020. Sin
embargo, información recabada de algunos entes señala que antes de concluir
diciembre del 2020 no habían ni siquiera iniciado el proceso fiscalizador.
Quizá por esto y por todo lo que ha venido juntando la Auditora Delia González
Cobos, en el Congreso del Estado y en una oficina de Palacio de Gobierno ya se
prendió la alarma roja y revisaron lo que señala el Artículo 93 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, para ver
qué procede “en caso de falta absoluta, renuncia o remoción del Auditor
General”.
Ya veremos qué sucede.
