En un Estado donde prevalece el imperio de las leyes estas proporcionan el marco regulatorio de la actividad social, son la columna vertebral de esa convivencia por lo cual quien las transgrede se hace acreedor a la sanción correspondiente; la generalidad de la Ley es un principio reconocido, es decir, para aplicarla no hay excepción, pues todo ciudadano es igual ante la ley. Más aún el presidente de la república, quien al rendir protesta jura cumplir y hacer cumplir las leyes. López Obrador en Baja California hizo pronunciamientos relativos al proceso electoral, motivo por el cual el PRD y el PAN presentaron sus respectivas inconformidades ante la Comisión de Quejas del INE, cuyo dictamen dice: “existe la prohibición constitucional para que los servidores públicos afecten la equidad de la contienda electoral e influyan en las preferencias electorales de la ciudadanía (y tales declaraciones) “se dieron ya dentro del desarrollo del Proceso Electoral Federal 2020-2021…”. Con este considerando dictó medidas cautelares: el presidente López Obrador deberá abstenerse “de realizar expresiones que resulten ilegales al constituir actos de intromisión electoral y de proselitismo en favor o en contra de una fuerza política, en desacato a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda”. ¿Lo acatará el presidente? Ya se verá.
