Desde la UIF de la SHCP le hicieron el favor!!!
Peña Nieto quitó el delito por “Delincuencia Organizada” a Javier Duarte.
**Duarte de Ochoa ahora solicita ante la FGR el “Criterio de Oportunidad”.
**Desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP se le tendió la mano a J.D.O.
**Así al quitarle el agravante de “Delincuencia Organizada” los delitos que le quedaron son “Pecata Minuta”.
Ciudad de México, 26 agosto 2019.- El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría seguir su proceso fuera de prisión gracias a que le echaron una manota desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tres meses antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El 21 de agosto de 2018, el entonces titular de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, solicitó a la PGR retirarle al ex Gobernador de Veracruz la acusación del delito más grave que tenía su proceso, el de delincuencia organizada y por el cuál Duarte no podría obtener, ni pelear legalmente por su libertad, ni con derecho a fianza.
Dos días después, Arturo Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa por cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.
Hasta hoy, no se sabía que la decisión de la PGR de reducir la acusación contra Duarte fue gracias al alegato presentado por Moreno Balbuena desde la UIF en el oficio 110/E/989/2018, al que hoy se tuvo acceso.
De manera inusual, Moreno Balbuena pidió el beneficio para Duarte pese a que la UIF fue reconocida como víctima del desfalco del ex priista en la causa penal 97/2016 abierta en el juzgado federal del Reclusorio Norte.
Al emitir su opinión jurídica, Moreno Balbuena arguyó que se debía realizar la reclasificación a fin de evitar un “error” en la acusación que condujera a un juez a tumbar el caso contra Duarte.
“La conducta imputada a Javier Duarte de Ochoa no se adecua a los extremos jurídicos para actualizar la delincuencia organizada, sino la de asociación delictuosa, ello en razón de que no se actualiza el sentido de permanencia a una organización criminal”, expuso en su momento ante la PGR el entonces funcionario de la UIF.
“A juicio de esta institución denunciante, no existen datos de prueba suficientes para sostener las estructuras y el andamiaje requerido para hablar de una delincuencia organizada, por tanto, respetuosamente se sugiere que la acusación se formule en los términos propuestos para minimizar la posibilidad de que el imputado de mérito pueda verse beneficiado ante una determinación judicial que declare la inexistencia del delito que se comenta”, expone el oficio.
En septiembre de 2018, Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, condenó a Duarte a 9 años de prisión y al pago de una multa ridícula de $58 mil 890 pesos, por asociación delictuosa y lavado de dinero.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, Duarte podrá solicitar su libertad bajo supervisión cuando cumpla la mitad de sus nueve años de condena.
Ese tiempo incluye dos y cuatro meses que lleva preso, por lo que estará en posibilidad de pedir ese beneficio dentro de dos años y dos meses. La decisión de concederlo tocará a un juez federal.
Hace una semana se publicó que en el actual Gobierno, Javier Duarte ofreció colaborar con la FGR para dar pruebas sobre el dinero que desvió desde el Gobierno de Veracruz a campañas electorales, incluyendo la de Enrique Peña Nieto en el año 2012.
