Quienes han tenido oportunidad de administrar recursos públicos saben muy bien del muy usual desfase de las remesas presupuestarias por parte de la federación a las entidades federativas, ese lapso pone en riesgo el cumplimiento del programa operativo de las dependencias y se incrementa sensiblemente en áreas como la Secretaría de Salud, donde está en juego la vida de quienes solicitan los servicios médicos, en su mayor parte gente de escasos recursos económicos. Le sucedió a Antonio Nemi en su desempeño como Secretario de Salud, pues utilizó recurso presupuestado de 2012 pero aplicado en 2013 debido al retraso en la remesa federal, y como todos sabemos en esa Secretaría lamentablemente el desabasto de medicinas, el mantenimiento de equipo médico y la escasez de insumos químicos es una constante. Visto así, Nemi aplicó el recurso presupuestado, no lo desvió, pero la normatividad es rigurosa y al aplicarse con criterio contable implica la observación de auditoría, sobre la cual el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dictaminó la obligación de reponer el recurso. Es sanción pecuniaria, no penal, como hubiera sido en caso de detectar corrupción en el manejo del recurso público.
