En México se ha convertido en costumbrismo enterarse de averiguaciones judiciales contra políticos en desgracia. Este hecho sirve de catarsis para la sociedad mexicana en tiempos de cambios en las estructuras políticas del país, tiempos de evolución política dinamizados por la llegada al Poder de un Movimiento con consigna transformadora y recia convicción de llevarla a cabo. Ese entorno se refleja en que estén en prisión o andan en fuga quienes fueron depositarios de instancias de decisión política para dirigir el destino colectivo, o estuvieron a cargo de la procuración de justicia y paradójicamente esta se les revierte. En la aldea veracruzana lo ejemplifican los casos de Luis Ángel Bravo, ex fiscal que tiene proceso en curso, y Jorge Winckler, removido de la fiscalía y con el peso de una orden de aprehensión en su contra; un ex gobernador, Duarte de Ochoa purga culpas en la cárcel y otro, Miguel Ángel Yunes Linares, sobre quien revolotean amenazantes advertencias. El quid del asunto consiste en diferenciar cuánto cabe en la revancha política y cuánto en disponer del poder para ajustar un nuevo sistema diferente al que se pretende instaurar. Finalmente, surge la atosigante cuestión: ¿en manos de quienes hemos estado? y saber si quienes ahora están a cargo no seguirán la misma ruta recién inaugurada.
