AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
* BALLESTEROS GRAYEB: ABUSO DEL PODER
Guiado y arropado políticamente por su compadre y socio Ricardo Ahued, actual secretario de Gobierno, el diputado local Antonio Ballesteros Grayeb –otrora simpatizante del PAN y exfuncionario municipal por el PRI– se trepó ahora al régimen apabullante de la 4T que lo ha transformado en un abusivo de su poder político y económico en ascenso.
Algunos de sus amigos, así como familiares muy cercanos que actualmente enfrentan con él litigios desventajosos, están sorprendidos de su metamorfosis.
El Toño Ballesteros cuatroteísta de hoy nada tiene que ver con el de hace 17 años, cuando siendo Síndico del Cabildo de Xalapa, presidido por el alcalde priista David Velasco Chedraui, amagó con renunciar en junio de 2008 en solidaridad con la tesorera municipal Cecilia Coronel Brizio, quien decidió dimitir al no soportar más las majaderías de José Alberto Hernández Melgarejo, un recomendado de una poderosa familia xalapeña que se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento capitalino.
La contadora Coronel Brizio y Ballesteros se volvieron a reencontrar en la campaña municipal de 2021 en torno a Ricardo Ahued, postulado por la alianza Morena-PVEM a la alcaldía. Doña Cecilia fue postulada para la sindicatura y Toño para la regiduría tercera.
En 2024, Ballesteros Grayeb solicitó licencia para separarse de la regiduría y contender por la diputación local en el distrito de Xalapa abanderado por Morena. A finales de mayo, a menos de dos semanas de las votaciones, militantes del partido guinda arremetieron en contra del socio y compadre de Ahued, alertando que ponía en riesgo la elección por ser una persona señalada constantemente de escándalos.
Los morenistas, que decidieron omitir su nombre por temor a represalias, señalaron que los eventos que le organizaban siempre lucían vacíos y que, en sus recorridos, la ciudadanía les externaba su molestia con el candidato por ser un empresario señalado de malos tratos y prepotencia en contra de sus empleados.
En marzo de 2020, en plena pandemia del virus Covid-19, Toño Ballesteros Jr. fue expuesto tras despedir al 50 por ciento del personal de las dos cafeterías La Parroquia que en ese entonces poseía en la ciudad de Xalapa, con lo que presuntamente obligó a trabajar casi 12 horas al resto del personal sin pago extra. Ahora cuenta con dos franquicias más, una de ellas en la vecina ciudad de Coatepec.
Esta situación le trajo varias denuncias en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por abusos, violación de la ley del trabajo y despidos injustificados por parte de varios de sus extrabajadores.
En ese entonces, los morenistas –presuntamente vinculados con el senador Manuel Huerta, quien desde el proceso electoral federal de 2018 está muy confrontado con Ricardo Ahued y su grupo político– revelaron que Ballesteros Grayeb enfrenta conflictos legales hasta con su propia familia, pues demandó judicialmente a dos de sus hermanas y a una sobrina a tan sólo nueve días del fallecimiento de su madre, por la herencia familiar, según consta en la carpeta 396/2023/II en el juzgado Décimo Sexto de primera instancia.
Sin embargo, contra todos los pronósticos, gracias a la alquimia de los operadores electorales de Morena, Ballesteros fue rescatado por apenas una diferencia de 758 votos sobre Sergio Hernández Hernández, de la alianza PAN-PRI-PRD, quien obtuvo 52 mil 719 sufragios contra 53 mil 477 del compadre y socio de Ahued.
Así, según testimonios de los responsables de la estructura electoral de la 4T en Xalapa, Ballesteros logró ganar la diputación que, para la mala fortuna de sus familiares demandados, lo ha empoderado más, pues se han enterado que haciendo valer su charola y fuero de congresista, así como la influencia que le da su compadrazgo con el secretario de Gobierno, se fue a meter hasta el despacho de la anterior presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la cual acaba de ser reelecta por voto popular como magistrada, para litigar su asunto personal cuyo fallo le había sido adverso en la primera instancia. Sin embargo, otra juez muy cuestionada, Dania Iveth Arenas Pérez, sospechosamente modificó el veredicto a su favor.
¿Alguien se imagina lo que haría si su compadre y socio llegara a suceder a Rocío Nahle en la gubernatura?
DEJA ALCALDESA PATRICIA LOBEIRA
DEUDA DE MÁS DE 600 MDP A PORTEÑOS
La revelación del escandaloso endeudamiento real del Ayuntamiento del Puerto de Veracruz, que asciende a más de 600 millones de pesos documentados en el informe trimestral de 2025, resquebrajó por completo el discurso oficial.
De inmediato, la administración de la alcaldesa panista Patricia Lobeira intentó reaccionar difundiendo boletines que hablan de años anteriores, como si las cifras de 2023 y 2024 pudieran borrar lo que está claramente asentado en los documentos de este año del propio municipio, que están más claros que el agua que consumen los porteños (un tema en el que también ha quedado a deber la munícipe yunista).
Primero presumieron una calificación crediticia basada en ejercicios anteriores; luego aseguraron que “no se contrató nueva deuda”, frase técnicamente correcta pero que evade lo esencial: el pasivo de corto plazo sí creció (y muchísimo) y el municipio sigue arrastrando el contrato del alumbrado público con una empresa privada, que obliga al Ayuntamiento a pagarle cada mes hasta 2033, y que aún tiene un saldo pendiente de más de 321 millones de pesos.
Y aunque todo eso está en su informe oficial (que parece no esperaban saliera a la luz tan pronto, antes de abandonar el barco ya hundido que heredarán a la próxima administración municipal) ahora salen con cifras tomadas de años anteriores, como si esos datos viejos pudieran ocultar lo que muestran los números actuales y la triste realidad de una ciudad cuyas arcas públicas están desfondadas, lo que se refleja en sus calles destruidas, lámparas fundidas, parques abandonados y servicios colapsados, como el de limpia pública.
No hay recursos suficientes porque el dinero se manejó como licuadora, se fue a prioridades ajenas al interés público y terminó generando un endeudamiento que hereda una administración municipal deficitaria, sin margen de maniobra.
¿Habrá consecuencias legales para la alcaldesa que dentro de 54 días entregará el ayuntamiento al morenismo que por primera vez gobernará al puerto jarocho?
