AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
* RECTOR BAJO DOBLE ASEDIO
Al que cada vez se le complica más su forzada permanencia en la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) es al doctor Martín Aguilar.
Y es que Aguilar Sánchez no solo sigue resistiendo el creciente repudio de un amplio segmento de la comunidad universitaria que está en contra de su ilegal prórroga de cuatro años que le aprobaron sus incondicionales de la Junta de Gobierno, sino que ahora –según trascendió en el primer círculo de la Rectoría– se habría sumado también la presunta presión de la gobernadora Rocío Nahle que pretendería imponerle un emisario de su absoluta confianza en la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), sin reparar en la autonomía universitaria.
De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley Orgánica de la UV, la SAF es responsable de coordinar la adecuada administración de los recursos humanos, financieros y materiales, para proporcionar apoyo y servicio eficiente a las áreas que contribuyen directamente a los fines de la UV, así como de planear, supervisar y vigilar la operación financiera de la Universidad.
Entre sus responsabilidades se encuentran: Integrar y formular el proyecto de presupuesto de egresos que debe presentar ante el Consejo Universitario; Convocar y presidir la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario General; Gestionar la obtención de los recursos necesarios para cubrir los egresos; Establecer los lineamientos, normas y políticas de carácter general para la integración y ejercicio del presupuesto, así como para el control de los ingresos y egresos que generen por algún concepto, las entidades académicas y dependencias de la UV; Negociar el monto de los subsidios que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado; Vigilar que se adquieran y suministren oportunamente los bienes que requieran las dependencias de la Universidad para su buen funcionamiento, dentro de los límites presupuestales autorizados; Presentar los reportes financieros que sean requeridos por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Contraloría General del Gobierno del Estado, así como, presentar en coordinación con la Dirección de Planeación Institucional, los informes que le sean requeridos por la SEP; Coordinar sus actividades con los Vice-Rectores en el ámbito de su competencia, así como con los Secretarios de Administración y Finanzas Regionales; Vigilar el correcto cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo firmados con las distintas organizaciones sindicales, así como los demás ordenamientos aplicables.
Preocupado por la presunta presión de Nahle y la endeble situación financiera de la UV, el Rector se reunió el domingo pasado con el dirigente sindical del personal académico (Fesapauv), Enrique Levet Gorozpe, quien al día siguiente partió hacia la Ciudad de México para cabildear con algunos diputados federales, entre ellos el veracruzano Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación e hijo de su extinto amigo, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán.
El martes, Levet Gorozpe, como dirigente también de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), fue recibido por el diputado del Partido Verde, Oscar Bautista Villegas, secretario de la Comisión de Presupuesto, y por el vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. El líder de la Fesapauv, acompañado de otros miembros de la CONTU, entregaron individualmente al par de legisladores un documento en el que se plantea un análisis de la situación financiera de las universidades, de las pensiones y jubilaciones de las casas de estudios, para lo cual demandan “etiquetar recursos del fondo U081, el rezago salarial y, la falta de reconocimiento de plantillas laborales (sic)”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) presentó ese mismo día a la Cámara de Diputados su propuesta de gasto para 2026, en la que solicitan una ampliación de 12 mil 100 millones de pesos, así como el inicio del proceso gradual de recuperación del subsidio en términos reales, que acumula una pérdida de más de 50 mil 400 millones de pesos desde 2019.
En el contexto de la discusión del Paquete Económico del próximo año, el secretario general ejecutivo de la Anuies, Luis Armando González Placencia, entregó además un anexo en el que detalló que, para 2026, se prevé un recorte de 584.2 millones a las instituciones de educación superior, ya que en 2025 se aprobó un monto de 196 mil 280.3 millones de pesos y el proyecto actual del Ejecutivo federal prevé 195 mil 696.1 millones para el año entrante.
Según la estimación de la Anuies, su petición de ampliar el monto en 12 mil 100 millones permitirá contar con un gasto total de 207 mil 798 millones de pesos.
González Placencia explicó a la comisión que el aumento en el presupuesto de las universidades busca atender tres prioridades: un incremento que permita cubrir el alza de precios estimada en 4.8 por ciento anual, e iniciar una mínima recuperación ante la pérdida inflacionaria.
También busca fortalecer la formación de docentes, avanzar en el saneamiento financiero de las universidades públicas que presenten proyectos de restructuración de sus contratos colectivos de trabajo y robustecer sus fondos de pensiones.
Pero el secretario general ejecutivo de la Anuies añadió que en el proyecto de presupuesto para 2026 únicamente se considera un aumento de 1.5 por ciento respecto del año en curso para el Instituto Politécnico Nacional (IPN) –cuyo director es el químico bacteriólogo parasitólogo y doctor en Biomedicina Molecular, Arturo Reyes Sandoval, amigo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum–, mientras que el Programa Subsidio Ordinario para las universidades públicas tendrá un recorte de 3 mil millones de pesos.
¿Será que la gobernadora Nahle podría abogar al menos por la UV ante la Jefa del Ejecutivo federal?
FRAUDE POR 25 MILLONES DE
PESOS EN EL PODER JUDICIAL
Siguen ventilándose los malos manejos financieros y administrativos de la Magistrada ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien, en presunta complicidad con las nuevas autoridades administrativas del Poder Judicial estatal, habrían cometido un fraude que rondaría los 25 millones de pesos por la realización de un “inventario de mobiliario”.
En estos presumibles hechos delictivos, según información en nuestro poder, habrían estado involucrados la actual directora general de Administración, Diana Adivedh Cruz Villegas; Antonio Sobrevilla Castillo, responsable del Fondo Auxiliar, y Víctor Luis Priego López, entonces Secretario General y ahora feliz integrante del nuevo Órgano de Administración Judicial.
La empresa que realizó dicho levantamiento de Mobiliario al Poder Judicial del Estado de Veracruz se denomina Auditoría Integral EZA, S.C., con dirección en Lázaro Cárdenas número 12, ubicada en el corazón de Banderilla, municipio conurbado a la capital veracruzana. El inmueble, sede de esta empresa, se encuentra deshabitada y es una casa sin repello, sin pintura, una casa de vecindad, con cinco medidores, localizada en el famoso pueblo chicharronero.
Desde ahí, en lo que parece ser una empresa fachada, se facturaron 25 millones por un levantamiento que fue realizado por jóvenes sin experiencia, quienes fueron contratados bajo el esquema de “servicio social”.
Este Despacho –que cobró 25 millones de pesos, insistimos– se encuentra registrado en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) como prestador de servicios profesionales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya abrió una investigación por el uso indebido de estos recursos y el veredicto se dará a conocer en el Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública 2024 a finales de este mes de septiembre, ya que el origen de estos recursos corresponde a gastos federalizados.
Y así sigue operando el Poder Judicial, con nombres de responsables que saltan a la vista: Diana Adivedh Cruz Villegas, Antonio Sobrevilla Castillo, Víctor Luis Priego López, Alma Rosa Flores Ceballos y María del Socorro Hernández Cadena, entre otros.
¿Quién los detendrá ahora que se sienten “autónomos”, dueños del Poder Judicial, señores y señoras de horca y cuchillo? ¿Con estos administradores morenistas, para qué quieren enemigos? El desastre y la pudrición viene de dentro, no cabe duda.
