Prefacio.
¡Vaya lío en el que se metió el tesorero municipal Jalacingo, Juan Pablo Becerra Hernández, quien -de paso- involucró al presidente municipal Roberto Perdomo Chico! *** La síndica de aquel ayuntamiento, Concepción Bandala Martínez, denunció públicamente presuntos actos de corrupción en los que estarí9an coludidos el alcalde y el tesorero. *** La edil explicó que el alcalde pretende adquirir un predio en la localidad de Xalame, para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, pero el terreno que eligió se encuentra intestado, por lo que Roberto Perdomo y Juan Pablo Becerra pretenden simular un contrato de compra-venta para apoderarse de él. *** “El alcalde de manera mañosa hizo aparecer a una persona de la tercera edad como supuesta dueña, con quien quiso formalizar una acción de compra-venta”. *** La síndica advirtió que ya aparece en los estados financieros del ayuntamiento la disposición de 327 mil pesos, dando como concretada la venta, “pero yo, como síndica soy la persona que debe firmar para realizar este tipo de trámites”, advirtió. *** Concepción Bandala presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, señalando al alcalde, a regidores y el tesorero Juan Pablo Becerra Hernández, lo que le está generando conflictos. *** Por lo mismo, recurrió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ante actos que podrían ser tipificados como violencia política, tras haber recibido amenazas. *** Dijo que el pasado 20 de enero fue amenazada por el tesorero Juan Pablo Becerra (quien fuera derrotado en la contienda por la alcaldía de Altotonga), por lo que teme por su vida. *** No es el primer señalamiento contra Juan Pablo Becerra por actos que rayan en la ilegalidad, por lo que el brazo de la justicia está muy cerca de alcanzarlo.
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La maestra Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) compareció este miércoles ante los diputados locales y fue muy clara respecto a su más reciente informe sobre la revisión de la Cuenta Pública (2021).
Explicó que en el informe presentado para esta comparecencia, no incluyeron los resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2021, “debido a la determinación de esta Legislatura respecto de la no aprobación de los Informes Ejecutivos e Individuales presentados en el mes de septiembre a la Comisión de Vigilancia”.
Y advirtió:
“Esta institución trabajó de manera objetiva, íntegra e imparcial para determinar los resultados presentados el 30 de septiembre de 2022; (sin embargo) el Orfis acata y cumple a cabalidad el mandato de realizar una nueva valoración en los términos precisados en el Decreto 242. Aprovecho para reconocer a todo el personal que integra el Orfis por su profesionalismo, disposición y actitud de servicio”.
Y es que, antes de que finalice el presente mes, el Orfis habrá de entregar a la Comisión de Vigilancia una nueva versión de los resultados obtenidos en la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, sin cambios significativos.
¿La razón?
Que no había elementos para rechazar el primer informe, y que las supuestas inconsistencias mencionadas por los legisladores, en muchos casos eran detalles de forma que se pudieron haber corregido en la primera entrega, y en otros casos, eran fallas en las acciones de solventación por parte de los entes fiscalizables, que no podían ser modificados sin violentar la Ley.
La maestra Delia González llamó la atención sobre al esfuerzo realizado en los últimos tres años, en los que se hizo frente a la pandemia por el Covid-19, sin interrumpir las labores; se realizó una revaloración de dos ejercicios fiscales, se atendieron los cambios en las administraciones municipales, a la vez que se trabajaba en tareas inaplazables, como las de modificar, sistematizar y optimizar los procesos internos.
En la comparecencia se dio a conocer que, derivado de los procedimientos de fiscalización, desde 2007 hasta el presente, el Orfis ha presentado 293 denuncias penales por más de 35 mil 570 millones de pesos.
Y en un señalamiento que debe preocupar a las autoridades estatales, la Auditora General señaló que si no se ha logrado consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción, ha sido por la falta de presupuesto.
Esta postura de la titular del Orfis surgió a partir de los cuestionamientos del diputado local priista, Marlon Ramírez Marín, quien apuntó: “No veo en esta plataforma que se haya alimentado el Sistema Estatal Anticorrupción, por eso le pregunté sobre el objeto y los alcances del mismo”.
La comparecencia sirvió para entender con mayor claridad las complicaciones que este organismo fiscalizador enfrenta para garantizarles a los veracruzanos que los recursos públicos se manejan pulcritud y transparencia.
Si no existe voluntad del gobierno por corregir vicios, difícilmente se podrá frenar la corrupción en la entidad.
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Epílogo.
Y con ese acento tabasqueño que adquirió a partir de su idolatría al presidente, el gobernador Cuitláhuac García acusó a los medios de comunicación –“no todos”, aclaró- “exageran” al hablar de los actos criminales que se han presentado en la entidad en lo que va del presente año. *** En el norte de Veracruz no piensan lo mismo, luego de enterarse del contenido de las mantas que fueron colocadas en Papantla, Espinal, Coyutla, Coxquiui, Chumatlán y Zozocolco. *** Si el gobernador pensaba que “Los Pelones” se iban a quedar con el golpe, sin responder, significa que no lo han orientado bien sus “asesores” en materia de seguridad. *** La guerra ya está declarada, y como ha sido hasta el momento, las fuerzas armadas y las policías estatales se dedicarán a contar los muertos y a repetir hasta el cansancio que “en Veracruz no hay impunidad, el que la hace la paga, pues nosotros no pactamos con el crimen, como lo hacían otros gobiernos”. Bla, bla, bla. *** Y mientras el gobernador “regaña” a los medios por “exagerar” sobre la violencia que vive la entidad, el alcalde de Poza Rica, Fernando “El Pulpo” Remes, les sugiere a los pobladores que “no se expongan por las noches”. *** ¿Toque de queda?
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