AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
* CISNEROS: BAJO SOSPECHA
Este viernes 9, entrevistado en Orizaba sobre la detención del tesorero de Sayula de Alemán, Rafael González Cárdenas –quien un mes antes de su aprehensión grabó un video señalando al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de sembrarle drogas y armas para encarcelarlo por su confrontación con la alcaldesa morenista Lorena Sánchez Vargas–, el titular de la Segob respondió que “a mí no pueden manchar porque soy oscuro”, en alusión al color de su piel de afrodescendiente.
“Soy un negro que como nuestros antepasados añoraba la libertad no el libertinaje y vamos a seguir liberando en la 4T de la corrupción a Veracruz”, afirmó, reiterando que “soy una persona que sólo tiene oscura la piel, de ahí en fuera soy una persona transparente y lo que sí les digo es que hay personas que les han estado lastimando sus intereses porque han estado acostumbrados a estar siempre al amparo del poder en otros tiempos, pero en esta transformación lo que va a prevalecer es la ley para todos, para sirios y troyanos (sic)”.
Sin embargo, ese mismo día, el diario digital sinembargo.mx publicó un amplio texto titulado “Jefe del Cártel de Caborca, protegido en Veracruz”, firmado por el periodista cuenqueño Ricardo Ravelo, quien señala que de acuerdo con versiones que obtuvo de un vocero de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) “a Cisneros Burgos, apodado ‘El Bola Ocho’, se le ha vinculado públicamente con el sucesor de (Rafael) Caro Quintero”.
Según la investigación del exreportero de la revista Proceso, José Gil Caro Quintero, (a) El Pelo Chino y/o El Jogil, es un sobrino del capo mayor que se refugia entre los municipios de Vega de Alatorre, Nautla, San Rafael y Martínez de la Torre, donde posee ranchos y otras propiedades.
Pero desde hace casi tres años, a raíz de la ejecución en marzo de 2020 de la periodista María Elena Ferral Hernández cuando salía de una notaría de Papantla, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) supieron del despojo de ranchos y terrenos que en esa región del centro-norte de Veracruz venían realizando miembros del crimen organizado en contubernio con fedatarios de esa circunscripción.
El 6 de abril, por ejemplo, al comparecer en calidad de “testigo” Pedro Manuel Martínez Castillo, delegado de la Fuerza Civil de la cuarta región con sede en Papantla, ante el Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en Delitos Contra la Libertad de Expresión, Lauro Ramos Olmos, el jefe policiaco refirió precisamente que en una ocasión Ferral Hernández le informó que en Tecolutla había unas personas a las que les quitaban sus ranchos, y que lo llevó con una de ellas que le mostró la que fue su propiedad, cuyo nombre no pudo recordar.
“Nos dijo ese rancho era mío pero un abogado junto a un Notario me lo quitó y nos tienen amenazados, pero es la forma de operar en aquella zona, falsifican papeles con un Notario y se quedan con los ranchos”, declaró el funcionario de la SSP.
Sin embargo, hasta la fecha nadie ha procedido contra los delincuentes ni ha investigado a estos fedatarios que se han prestado a legalizar ilícitamente ese tipo de despojos, no obstante que la fiscal Verónica Hernández Giadáns; el titular de la SSP hasta octubre pasado, Hugo Gutiérrez Maldonado, y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de quien depende directamente la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, participan casi todas las mañanas en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que preside el gobernador Cuitláhuac García acompañado de representantes de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México.
Resulta inexplicable la pasividad de las autoridades estatales ante estas prácticas delictivas que tienden a proliferarse dados los megaproyectos de inversión que el gobierno federal desarrolla principalmente en el norte y sur de Veracruz. El puerto de Tuxpan, por ejemplo, además de ser una instalación estratégica para la seguridad nacional debido al aumento del tránsito de buques tanques –hasta 800 por mes, según datos de la Dirección de Puertos de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)–, están en marcha inversiones privadas por más de 1000 millones de dólares en nuevas terminales portuarias de hidrocarburos. Y, en Coatzacoalcos, tan solo el proyecto del Corredor Transístmico que unirá al puerto veracruzano con el de Salina Cruz, Oaxaca, se destinarán inicialmente 146 mil millones de pesos para la ampliación de la zona portuaria, la modernización de la red carretera y de vías ferroviarias, así como para la instalación entre ambas entidades de 10 parques industriales conocidos como Polos de Desarrollo para el Bienestar.
En septiembre del año antepasado, un diario capitalino, al resaltar el aumento de la plusvalía de las áreas que circundan la zona portuaria de Tuxpan –puerto estratégico para la economía nacional, pues por él ingresa el 80 por ciento de las importaciones de gasolina y diésel para el abastecimiento industrial y comercial del Valle de México, la metrópoli más poblada de Latinoamérica–, refirió que una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), coludida con la policía local, había realizado al menos cinco secuestros de propietarios de ranchos y predios, entre los cuales, el más reciente, era el caso de la hija del ex alcalde de Tihuatlán, Francisco Ortiz, quien terminó pagando el rescate con terrenos del área.
“Los dueños están siendo obligados a ceder las propiedades al grupo mafioso, incluso ante notarios del puerto, para luego ofertarlas a las grandes empresas con necesidades de expansión, inmobiliarias y otros particulares. El valor de los terrenos se está elevando significativamente ya que se encuentran en zona considerada como reserva para el crecimiento estratégico del recinto”, publicó hace más de dos años Julio Brito, articulista de Crónica.
¿Deveras don Eric Cisneros está combatiendo la corrupción en Veracruz?
25 AÑOS DE VÍA VERACRUZANA
Este sábado 10 de diciembre, Vía Veracruzana celebró su XXV Asamblea Anual, a la que asistió Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal del PRI, a invitación del fundador de esta agrupación Amadeo Flores Espinosa y de Juan Carlos Campos Tadeo, su actual presidente.
Flores Espinosa, expresidente del PRI, exdiputado local y federal y exprocurador general de Justicia del Estado, emitió un mensaje de agradecimiento a todos los presentes; mientras que Juan Antonio Nemi Dib, exdiputado local, exfuncionario y expresidente estatal de la Fundación Colosio, habló de las potencialidades del estado de Veracruz, su historia, su economía, su geografía y su riqueza cultural.
Entre los asistentes estuvieron presentes no sólo exalcaldes, exlegisladores y exfuncionarios sino también mujeres y hombres del sector empresarial y del periodismo y la comunicación.
Obviamente destacó la presencia de personajes como el diputado federal Pepe Yunes Zorrilla, el único de mayoría relativa que tiene el priismo veracruzano en el Congreso de la Unión, y el exsenador Héctor Yunes Landa.
MAGISTRADA ELECTORAL IMPRUDENTE
Por cierto, ayer, la asociación política Unidos Todos, que lidera el subsecretario de Administración y Finanzas de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, también realizó su comida anual en el vecino municipio de Banderilla.
La nota la dio lamentablemente la imprudente presencia de la magistrada Tania Celina Vázquez, quien acaba de asumir la presidencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
Aparte de las críticas, de seguro le va a acarrear también serios problemas legales a la nueva titular del TEV, ya que Unidos Todos no es una asociación apolítica sino que está claramente identificada con el partido de la Cuarta Transformación, promocionando en la entidad a las aspirantes de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, y a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle.
“¡Pero qué necesidad!”, cantaría el extinto Juan Gabriel.
