Al integrar el presupuesto público hay dos directrices generales: Egresos y Ley de Ingresos.
La técnica es hacer el primero en base a los puntos de vista históricos, requerimientos materiales, servicios, inversión; dentro de esta; el planteamiento de conservación.
Posteriormente o en paralelo, otra área elabora los ingresos derivados de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y las asignaciones esperadas en participaciones (Ramo 28), las aportaciones del Ramo 33, FAIS y Fortamund (perteneciente al programable).
Con estos dos totales, el de Egresos siempre es superior a los Ingresos. La razón obedece a que cada área vierte sus requerimientos, muchos de ellos superiores a las posibilidades del Estado, destacando partidas de inversión y planeación, para las cuales no hay fondeo.
Lo primero que hay que financiar es el gasto corriente: sueldos, gastos de operación y de servicios, así como irreductibles que derivan de éstos.
Tienen prioridad salud, seguridad pública y educación, que absorbe más del 35 por ciento del presupuesto; las otras dependencias generalmente reciben el gasto para operar y se surten de fondos específicos del Ramo 33 o de convenios específicos con la Federación, especialmente en agricultura e infraestructura.
Similares son los integrados por los municipios, la diferencia es que no manejan educación, salud, agricultura; si lo hacen son relativas y de poco monto, por lo demás es gasto corriente, operación y seguridad pública; para inversión tienen: FAIS, parte de Fortamund y convenios con el estado y la Federación, pero la confección es igual, lo ajustan a sus ingresos.
Hay un inciso del gasto que es vital en la comunicación y el desarrollo económico: las carreteras de México, no menos importante calles y vías urbanas de los municipios. En presupuesto lo primero que se ajusta es la inversión, bajo la premisa que se puede diferir, seguido por la conservación, ahí es la lucha de las áreas responsables con las hacendarias, que condicionan las asignaciones a la recaudación o a los convenios que se puedan lograr; hasta 2018 se podían obtener obras y reconstrucción de estas, para el estado y para los municipios.
En la era de la 4T este concepto se eliminó, porque de él se derivaban los famosos moches tan criticados, pero tan efectivos; dependían de la sagacidad de los representantes federales en algunos casos sin que ocurriera ninguna ilegalidad, los municipios se vieron beneficiados en Veracruz, un ejemplo es Perote y el área conurbada del puerto de Veracruz, que tuvieron inversiones millonarias.
Ahora el Ramo 23 canceló estas partidas y las asignaciones se fueron para el pueblo en los programas del Bienestar.
No obstante, qué debemos considerar prioritario: ¿nuevas obras o conservar las existentes? En 2005 el exsenador Erik Rubio Bernal (fíjense el año), que era secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes manifestaba: “Si bien se requieren carreteras para apoyar al desarrollo de ciertas zonas, el principal problema de la red es la falta de un programa estructurado de conservación y mantenimiento, que permita rescatar las carreteras existentes y evitar su deterioro. Siempre es bueno tener nuevas carreteras, pero la base es mantener en buen estado las existentes”.
En la realidad fueron solo buenos deseos, las carreteras están en un deterioro progresivo, si bien es cierto hay mantenimiento, este es deficiente, solo basta ver la carretera nacional 180, en cualquier tramo, siendo el más agudo el de Cardel-Nautla. El propio Presidente se quejó de las carreteras de Veracruz, llamando la atención al delegado de la SCT, pero ¡el norte está olvidado! Otra vía que constituye un peligro es la de Atzalan a Tlapacoyan y a Martínez de la Torre, es verdaderamente por necesidad viajar a esas tierras.
También en Xalapa existe la intención de conservar su infraestructura, se ha considerado un área específica de atención para su conservación, coordinándose con su peor enemigo CMAS, que todo destruye y muchas veces no repara, solo basta que se asomen por la recién pavimentada calle de Sebastián Bach, donde hace más tres meses existen hoyos que están abandonados por obras hidráulicas.
El presupuesto del gobierno federal para el año 2021 es de 6 billones 625 mil pesos, 3 por ciento en términos reales menor al de 2020; la asignación a la SCT, bajo la clave 200921 10002 K032; Reconstrucción y Conservación de Carreteras es de 8 mil 231 millones e integra reconstrucción de tramos, conservación de tramos, conservación rutinaria de tramos; la de mayor asignación para el 2021 es conservación de tramos, con mil 600 millones de pesos.
Se observará que esta partida es insignificante para el PEF 2021 de 6 billones, no son las únicas partidas asignadas a conservación, pero sí las de la SCT.
Las asignaciones en el estado se derivan de fondos etiquetados, lo mismo que los municipios, pero se ignora los importes por el valor relativo que le da la autoridad a este rubro. Bajo este panorama, es probable que sigamos aguando todo; baches por todas partes y abandono de vías, con el deterioro económico en cualquiera de sus conjugaciones.
