A propósito de los brotes de violencia en Chiapas el presidente López Obrador vuelve a repetir en su diseño estratégico de llevar apoyos sociales (desarrollo social, dice) a la población chiapaneca para desalentar el surgimiento de grupos armados. Lamentablemente la realidad ha reiterado el fracaso de dicha estrategia, porque cuando el 18 de enero de 2019 se produjo una tremenda explosión de un ducto de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, con saldo de decenas de muertos, el gobierno hizo presencia casi inmediata llevando a los pobladores de ese lugar los beneficios de sus programas sociales con el propósito, se dijo, de apoyarlos para que no se dedicaran ya al huchicoleo. Pero el reciente informe del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional demuestra la vigencia del robo de combustible notablemente en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tamaulipas. Es decir, el huachicoleo sigue siendo un negocio muy atractivo, si bien el general Sandoval en su informe asienta la recuperación de “más de 10 millones 299 mil litros de combustible”, y 385 detenidos, pero la cifra de lo recuperado ilustra el manifiesto auge del huachicoleo y la insuficiencia de los apoyos sociales para contenerlo. Si en esto no da resultado la estrategia señalada ¿podría obtenerlos en Chiapas?
