¿A cuánto ascenderá el porcentaje de la población mexicana informada acerca de la Consulta Popular a celebrarse el 1 de agosto próximo? No existe aún investigación sobre el particular, pero a juzgar por los recientes señalamientos del diputado morenista, Ignacio Mier Velasco, aludiendo a un “boicot” para frustrar esa consulta, que en realidad no tiene sentido, salvo el pretexto de mantener viva la flama encendida contra el pasado (la revista británica The Economist la califica como “una parodia del Estado” con propósito de distraer la atención respecto a las fallas políticas del presidente). A la vez deslindar a la supuesta Cuarta Transformación de un pasado presumiblemente demoniaco, un mensaje de “a partir de aquí todo será mejor”. Pero, hasta ahora, lo único cierto es la dificultad del gobierno y de MORENA para llevar a votar a poco más de 37 millones de mexicanos y convertir en vinculante el resultado. Eso del “boicot” puede expresar el adelanto de un logro no alcanzado y a alguien habrá que echarle la culpa: “a los partidos de derecha” y a “los grupos de poder”, en combinación con el INE, según señala Mier Velasco. Quienes no comulgan con la idea de esa consulta, a su vez, preguntan ¿a quién se va a juzgar y porqué delito? Porque si alguien cometió un delito lo aplicable es el mandato de la ley, sin necesidad de consulta alguna.
