Por Mouris Salloum George
La ampulosa declaración del SAT consistente en que al implementar el protocolo de revisión a la aeronave que tenía como destino Honduras, se encontraron cinco mil dosis de la vacuna rusa Sputnik, ocultos entre golosinas y refrescos, y que la Administración General de Aeropuertos procedió a su embargo precautorio, era real.
Aseguró que con estas acciones se refuerza el ABC institucional del SAT que se traduce en aumentar la recaudación, bajar la evasión fiscal y combatir la corrupción. Hasta ahí bien.
Pero el personal de aduanas, con la colaboración del ejército, no sabía en la que se metía. Las informaciones subsecuentes revelaron que un primo de la esposa del Canciller Ebrard, nacida en Honduras, era quien transportaba ese cargamento. El avión particular era propiedad de Mohamad Yasuf Amdami Bai, socio de exgobernadores campechanos.
El mismo Mohamad que quiere desaparecer el centro ecológico de Campeche para hacerlo patio- campo de golf de su mansión y construir una Mezquita islámica, cabeza de playa en ese estado de la Federación. Se junta el contrabando con el terrorismo islámico. Lo que faltaba.
Las carencias de nuestro país frente al terrorismo islámica no son esencialmente legales, sino de identificación del peligro y de medidas policiales y de inteligencia. No hemos podido ni estudiar la experiencia de otros países donde el terrorismo musulmán hace su agosto.
La obligación del Estado es perseguir estas conductas, trátese de quien sea, su condición de fieles no los exenta. No hace falta vulnerar el carácter confesional del sistema jurídico. El problema es luchar contra un concreto tipo de terrorismo que lo toma como coartada.
No se les puede dar el tratamiento de sermón religioso, sino de delitos expresamente castigados por las leyes a unas soflamas en las que se incita a la violencia o se exalta el terrorismo. Contra eso ya no hay defensa. Hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde.
Y en un momento, el peor, en el que la falta de vacunas está atentando contra la convivencia nacional, no es posible consecuentar a quienes mezclan el terrorismo con el contrabando de dosis contra la pandemia, pues no está el horno para bollos, ni la Magdalena para tafetanes. Es un momento crucial de la nación.
Juntar estas dos lacras por apetitos de enriquecimiento personal y por una corrupción endémica no debe tener perdón ni olvido. Alguien o muchos tendrán que pasar por la báscula a declarar sus motivos, a menos que se quiera que la sociedad entera sea la que pague por esos exabruptos.
Si estas acciones forman parte de alguna complicidad del aparato con las bandas de delincuencia organizada, sería peor, porque atentaría contra la estabilidad de la nación.
Sería un golpe mortal contra la convivencia civilizada a que todos tenemos derecho esencial.
