Pecaríamos de inocentes si pensáramos que ninguna de las áreas de asesoría jurídica del presidente hubiera sido omisa por no advertirle las consecuencias jurídicas que originaría la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica en los términos de su redacción. De igual manera si asumiéramos que la inconformidad presidencial respecto al amparo otorgado por el juez a dos empresas se debe a que “se muestra con un claro servicio a algún interés, esa es la palabra, otorga la suspensión nada más como si fuera una ventanilla de recepción”. En realidad, lo que subyace en esa expresión, es un adelanto de la presión presidencial al Poder Judicial sobre este asunto de consecuencias económicas impredecibles. Ya hay reacciones fuera del país, Claus von Wobeser, presidente de la Cámara Americana de Comercio, señala: “Esto va a ir a la Suprema Corte sin duda alguna… va a tener que decidir si esta reforma viola los principios legales” y la podría declarar inconstitucional, con lo que no surtiría efecto alguno” … En caso contrario “se va a tener que indemnizar a los inversionistas, esto nos puede salir más caro que la cancelación del aeropuerto”. Pero también desde el Poder Judicial hay respuesta desde la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, aclarando que su “único compromiso es con la Constitución y la Independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho” . De ese tamaño es el pleito.
