El poder del crimen / ÓSCAR PEDRO REYES CASTELÁN

Es inquietante lo ocurrido en días pasados en Oluta, cuando un grupo armado irrumpió en un restaurante donde comían la fiscal de distrito Maricela Rojas Cisneros y la diputada local Florencia Martínez Rivera, contra quienes atentaron…

De lo cual milagrosamente salieron ilesas, debido a que el ataque fue repelido por el escolta de la funcionaria de la Fiscalía General del Estado. Hay al menos dos detenidos y un auto asegurado, según informó el gobernador Cuitláhuac García Cisneros, y por sus declaraciones, el acto fue cometido por el crimen organizado, no por cuestiones políticas como mañosamente difundió la diputada de Morena. “Vamos a ir (…) por los peces gordos (…) los jefes de plaza”, advirtió el Ejecutivo estatal desde el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, después de presidir la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. En específico, sobre este hecho deslizó la probable vinculación de personas dedicadas al huachicoleo y secuestro, y se confirmó con el relevo de la agente del MP víctima del ataque; en su lugar, la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, designó a Isidoro Peña Figueroa. Hace casi un año, se recordará, fue asesinado a balazos en Acayucan el fiscal Raúl Téllez de la Sancha. Es esa zona, todo el sur del estado, de alta peligrosidad, más ahora, cuando los criminales no se detienen ante nada ni ante nadie. Véase, por ejemplo, lo que pasó en junio del año pasado en Ciudad de México cuando un comando de sicarios atacó fallidamente al jefe de la policía, Omar García Harfuch, a quien solamente hirieron, aunque hubo tres muertos. Hace dos semanas, en Xalapa, sucedió un enfrentamiento entre presuntos secuestradores y la policía estatal; oficialmente se dijo que fue un acontecimiento fortuito, aunque en redes se especuló que, en realidad, se trató de un ataque al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. No se desmintió ni se confirmó. El hecho, sin embargo, vuelve a encender la alerta. En noviembre del año pasado, la alcaldesa de Jamapa, Florisel Río Delfín, fue “levantada” por un grupo delictivo y más tarde su cuerpo sin vida apareció tirado a un costado de un camino vecinal, sello del crimen organizado. Estos grupos, plenamente identificados por las autoridades federales y del estado, han mantenido y acrecentado su poder en diversas zonas de Veracruz, desde el norte, centro y sur de la entidad, y cada vez muestran mayor violencia y crueldad, no solo contra sus enemigos de carteles contrarios a quienes asesinan, embolsan y abandonan sus cuerpos en lugares visibles con amenazas escritas en cartulinas o mantas; también, desde hace tiempo, envían esas mismas amenazas a delegados, jefes y comandantes de zonas, a fiscales y alcaldes, lo cual genera mucha inquietud, pues si las propias autoridades son objeto de esas intimidaciones y agresiones, qué puede esperar el resto de los ciudadanos. Habrá que esperar que haya respuestas, más que de dichos, de hechos, que devuelvan la tranquilidad a toda la población veracruzana. Al Plan Nacional de Vacunación (sin vacunas), se suma otra vacilada con el registro para esa misma vacunación contra el Covid-19, convocado por la Secretaría de Salud. La plataforma a la que se deben anotar los datos de los interesados, mayores 60 años, lleva tres días sin funcionar, no abre. Que se saturó la página, argumenta la SS, y que esa es la razón por la que cuando se intenta acceder se reciben de: sin respuesta, intente más tarde, el horario de atención de 8 de la mañana a 12 de la noche o el de consultando a RENAPO. Descontrol total, o incompetencia. A ver con que salen después.

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