Por Mouris Salloum George
Cuando vemos el tiradero de la elección estadunidense nos damos de santos de habernos empeñado por siglos en seguir militando en las corrientes doctrinarias del derecho de inspiración romana. El embrollo que se traen los primos es de carácter absolutamente cultural, condimentado con ignorancia y ambiciones sin parangón.
No existe una máxima latina tan contundente como la que reza: “Lo que no está en el expediente, no existe en el mundo”. Revela con precisión el carácter escrito del derecho romano, ese que a través de las conquistas napoleónicas se extendió a todo el Occidente hispano parlante; Irradió también la organización política y todas las costumbres.
La civilización occidental debe tanto a Justiniano el mandamás del imperio romano de Bizancio, hoy Estambul-, que no habría monumento de ningún tamaño para rendirle los honores que su epopeya intelectual hizo posible: reunir en textos la columna vertebral de nuestra vida en sociedad.
Mientras otros de su estirpe pensaban en la guerra de conquista y desplegaban sus ejércitos sobre Finisterre, Britania, Las Galias, Iberia, África y los desiertos asiáticos, Justiniano glosó en sus Pandectas, o Digesto- sus famosas Instituta- la base de toda la conducta humana que obligue.
De la mayor importancia, equivalente o superior a la medicina de Galeno, la geometría de Euclides, la trigonometría de Hiparco, regula cualquier gesto homínido, toda reacción del ser humano ante su entorno social, económico, político o cultural, desde el infierno hasta el cielo.
El manto protector de los principios generales del derecho cubre las operaciones mercantiles, lo mismo el famoso Pacta sunt servanda (lo pactado obliga) que el Rebus sic stantibus (las operaciones comerciales se cumplen respetando las condiciones del momento en que se contrajeron), que condenó a Shylock, en El Mercader de Venecia, de Shakespeare.
Protege las tipificaciones penales con el célebre “Nulla pena sine lege” y el Quod initio vitisum est, non potest tractus temporis convaleceré (lo inicialmente viciado, no se convalida con el transcurso del tiempo). Trasciende el derecho internacional con el iconico “Ultra posee nemo obligatur” (nadie está obligado a cumplir lo imposible), entre muchas otras.
Rige el derecho político hasta nuestros días con el “no se puede ser juez y parte en una misma causa” o el Jus summ cuique tribuere, (dar a cada quien lo suyo), o el insigne lema” a confesión de parte, relevo de pruebas”, porque el derecho está siempre ahí, donde se necesita que se exprese.
Nosotros tenemos un catálogo de derecho positivo, integrado por decenas de miles de leyes y códigos de los que nadie nunca se acuerda, hasta que tiene que ir a las bibliotecas jurídicas para respaldar sus argumentos de ataque o de defensa.
Con toda seguridad podemos afirmar que no tenemos una vida más sofisticada que aquélla de los países de Europa Occidental y de algunos países latinoamericanos a los que les basta con una repisa de librero para exhibir toda su legislación. No obstante, continuamos produciendo normatividades para atacar la corrupción, cuando todo ya está legislado; somos muy complicados.
Los conflictos de interés, el enriquecimiento inexplicable, la omisión corrupta, la prohibición de participar en negocios públicos de parte de los funcionarios que los permiten, el abuso de confianza o el fraude a la ley, forman parte de nuestro derecho positivo en todos los tiempos. No hay necesidad de buscarle tres patas al gato; todo es cuestión de aplicar la ley.
Cuando nos damos cuenta de que nuestra legislación electoral,-derivada de los mismos principios-, está sustentada sobre bases de elección directa, nos compadecemos de los triquismiquis que han tenido que sufrir los estadunidenses por ceñirse a un mecanismo de elección indirecta, sujeto a tantos controles, que han demostrado ser inoperante ante las ambiciones partidarias que los ha puesto de cabeza.
Ojalá todo siga así, porque donde a alguien se le ocurra establecer un Colegio electoral integrado por fanáticos políticos, podemos ver de frente nuestra suerte.
No hay cómo preservar las tradiciones jurídicas, aunque alguien nos quiera convencer de otra cosa; mientras lo que no esté en el expediente no exista en el mundo, estamos a salvo de los oportunistas.
Debemos preservar el INE y el Trife, en su exacta autonomía. No permitamos la intrusión interesada de quienes no comprenden los avances logrados durante décadas de inspiración y renuevo de la estructura jurídica vigente.
