Ayer seis de once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidaron la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República…
Lo cual será motivo de un nuevo debate nacional, a favor y en contra, en principio por la interpretación hecha por los vigilantes de la constitucionalidad de todo acto jurídico en la república, frente a la solicitud que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador; y no tanto por el fin mismo de ésta, sino también por la trascendencia histórica de una acción de este tipo, si es que llegase a encarcelar a un mandatario mexicano, algo nada raro en países de la región donde varios gobernantes han sido procesados y pagado con cárcel sus actos de corrupción; además, el hecho de hacerlo abriría una caja de Pandora.
Esa declaración de validez puede y va a generar severos cuestionamientos. ¿En realidad hay necesidad de realizar una consulta pública para denunciar un delito cometido por el servidor público que sea, así se trate de los ex presidentes? Evidentemente no existe esa necesidad. Con consulta, o más bien sin necesidad de ella, los delitos deben denunciarse cuando un particular, y con mayor razón una autoridad del rango que sea, tiene conocimiento de ellos; otra instancia que se encarga de aportar las pruebas que existieran y, finalmente, los administradores de la justicia son los encargados de determinar si existe o no el delito y, en todo caso caso, castigarlo conforme lo establece la ley.
En este supuesto se procedería en contra de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, el villano favorito del actual titular del Ejecutivo federal; Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. De los dos primeros, debe esperarse primero revisar la muy probable prescripción de los presumibles delitos cometidos, y de los últimos, FCH y EPN serían los objetivos más cercanos a la exigencia de exigencia de cuentas ante la autoridad judicial.
Lo de Calderón, inclusive, podría estar más cercano de que sea llevado ante tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica en el asunto que se sigue por vínculos con grupos del crimen organizado a su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, si es que el superpolicia calderonista declara algo en su contra, lo que de alguna manera también le redituará dividendos políticos al presidente López Obrador. Constitucional o no esa validación de la Corte, este acto que parecería más una cuestión mediática y distractiva ante el alto número de muertos por el Covid-19 que casi llega a la macabra cifra de 70 mil, el desempleo y cierre de negocios que la enfermedad ha dejado en el país, la consecuente caída de la economía, la creciente inseguridad y violencia que se padece en todo el país, el deficiente servicio de salud y escasez de medicinas y los conflictos sociales que se presentan cada vez con mayor intensidad.
Habrá que ver cómo reaccionan los actores políticos frente a la posición que tomó la Corte.
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