Echeverría, Salinas y AMLO / ÓSCAR PEDRO REYES CASTELÁN

Que constituían los sindicatos de Maniobristas (850 socios), Estibadores (360 socios), Checadores (75 socios) y Amarradores (60 socios), los que desde entonces manejaron la actividad de embarque y desembarque de mercancías, y aunque hubo una época de enorme auge no solamente para todos ellos y extensiva a por lo menos cinco mil trabajadores eventuales, también llamados “cuijes”, y Veracruz por una derrama económica que se quedaba en la heroica ciudad, en casi dos décadas la decadencia de la terminal marítima fue evidente y alcanzó fama mundial de puerto caro, ineficiente e inseguro, por lo que muchas cargas comenzaron a desviarse hacia el puerto de Houston, Texas, con la exigencia de los agentes aduanales al gobierno federal de resolver esa inoperancia en el principal puerto del país. Eso influyó para que en 1991, ya en el cargo de presidente, Carlos Salinas de Gortari tomó la decisión de ordenar la requisa del puerto de Veracruz que revocó los derechos a los socios de los sindicatos que lo operaban y entregando posteriormente la concesión del manejo portuario a las empresas CICE, OPG y CTV por un periodo de 50 años, prorrogable por otro período igual, con el compromiso de eficientar maniobras, modernizar instalaciones y ofrecer tarifas competitivas. Eso se ha cumplido, y más aún, se extinguieron escandalosos robos y contrabando de mercancías; sólo que a raíz de la entrada de esos corporativos ligados a empresas transnacionales, de China principalmente, hubo un freno a la derrama económica a Veracruz, no ha sido la misma desde entonces y muchos negocios que dependían del dinero que circulaba en la ciudad por el pago a miles de trabajadores que obtenían altos ingresos, incluyendo a los “cuijes” que eran los que trabajaban en la carga y descarga de barcos en lugar de los socios maniobristas y estibadores. Ahora, ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de expresar la posibilidad de revocar esa concesión a las empresas portuarias, devolver el manejo a los trabajadores y resarcir sus derechos, despojados en el gobierno salinista. Esa instrucción el Ejecutivo federal ya se la comunicó a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, recién nombrada coordinadora de Puertos y Marina Mercante. “Nos echamos para atrás o vamos para adelante a limpiar de corrupción al país”, remarcó. Ese escenario es inquietante. Las consecuencias pueden resultar devastadoras si se detiene el avance que registra el puerto de Veracruz, donde ahora se realiza una multimillonaria inversión, principalmente privada, en su ampliación para crear una nueva terminal marítima que sustituya a la actual de más de un siglo de antigüedad con la que se pueda triplicar el comercio exterior por la principal puerta de entrada y salida de mercancías del país.

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