Por falta de respuesta de Guatemala, Javier Duarte no ha sido procesado por desaparición forzada. / Juan Tirado

 
**No existe algún plazo ni término para que Guatemala responda si concede o no la solicitud de México.
**La SRE informó que desde el mes de agosto de 2019 se envió todo el expediente completo a Guatemala.
**Durante el sexenio de Duarte de Ochoa, Veracruz se convirtió el la fosa clandestina más grande de México.
**Duarte fue extraditado por lavado de dinero y delincuencia organizada, que luego extrañamente le fue quitada por la PGR.
**Ahora los delitos por los que se le juzga son delitos NO graves, por lo que el resolutivo de Guametala será transcendental.
 
Ciudad de México. 27 julio 2020.- A poco más de dos años de que se girara una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en diversas desapariciones forzadas ocurridas en su estado, el proceso penal en su contra increíblemente no ha iniciado.
 
¿La razón? El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido el permiso diplomático que requiere de Guatemala para poder ejecutar oficialmente la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador, trámite indispensable para poner en marcha el proceso.
 
Así lo revela un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregado vía transparencia a Animal Político, medio de comunicación que hizo público todo el escándalo de Duarte y cómplices, que además sostiene que no hay un plazo o fecha límite para obtener una respuesta del gobierno centroamericano sobre el permiso que se requiere.
 
El permiso de Guatemala es necesario ya que Duarte fue detenido en abril de 2017 en ese país y el tratado de extradición firmado con ellos (como la mayor parte de los tratados) contempla que una persona solo puede ser procesada por los delitos por los cuales se pidió su detención originalmente. En el caso del exgobernador de Veracruz, la solicitud original fue solo por lavado de dinero y delincuencia organizada.
 
La orden de captura en contra de Duarte se giró el 6 de junio de 2018 durante el gobierno de Yunes Linares luego de que la Fiscalía General de Veracruz (FGE) presentó ante una jueza del estado los avances de una carpeta de investigación, en la que se sostiene que Duarte de Ochoa tiene responsabilidad plena en diversas desapariciones forzadas ocurridas en el estado.
 
En dicha indagatoria se presume que Duarte de Ochoa permitió que fuerzas de seguridad estatales perpetraran, de forma sistemática, diversas desapariciones en Veracruz entre los años 2010 y 2016, la mayoría de las cuales siguen sin esclarecerse.
 
La jueza que recibió el caso determinó que había indicios suficientes para otorgar la orden de captura, pero a partir de ese punto todo el procedimiento se ha complicado.
 
Fallas, omisiones y retrasos han prolongado el fallo de Guatemala.
 
Luego de que se girara la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, el gobierno de México tardó prácticamente un año tan solo en enviar de forma correcta la solicitud denominada “excepción al principio de especialidad” a Guatemala, para poder procesar a Duarte por un delito distinto.
 
En su momento se hizo patente que desde el inicio hubo complicaciones al integrar el expediente debido a errores o falta de datos en el mismo. Fue la propia SRE la primera que consideró que existía información incompleta, por lo que devolvió la solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR) que, a su vez, la entregó a la Fiscalía de Veracruz (FGE).
 
El 17 de junio de 2019 la Embajada de México entregó finalmente la solicitud a Guatemala pero unos días después, el 28 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano devolvió el expediente pidiendo que se corrigieran algunas omisiones.
 
En el nuevo oficio que la SRE entregó ahora por medio de transparencia, la cancillería sostiene que la información ya fue completada y entregada por parte de México a Guatemala desde agosto del año pasado, pero que se continua en espera de una resolución.
 
“La solicitud de excepción a la regla de especialidad, que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos presentó al Gobierno de la República de Guatemala, con el fin de que se autorice que el señor Javier Duarte de Ochoa, quien fuese extraditado por ese país a México en 2017, pueda ser sujeto a proceso penal diverso a aquel que motivó su entrega, actualmente continua en estudio por las autoridades competentes de aquel país”, indica la SRE.
 
La cancillería añade que no existe algún término ni plazo para que Guatemala responda si concede o no dicha solicitud.
 
Desaparición e impunidad durante el Duartazgo.
 
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, en Veracruz hay más de 5 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Se trata del cuarto estado en el país con la mayor cantidad de personas cuyo paradero es desconocido.
 
No solo eso. Hasta febrero pasado en Veracruz se habían descubierto 432 fosas clandestinas con restos humanos, la mayor cifra para una entidad solo detrás de Tamaulipas.
 
En la administración de Javier Duarte en Veracruz se volvió constante la participación de fuerzas estatales y municipales en la desaparición de personas, en presunta complicidad con el crimen organizado. El común denominador de muchos de estos casos es que continúan en la impunidad.
 
Ejemplos sobran. El caso especial de la desaparición de al menos 15 jóvenes a manos de la policía estatal de Veracruz en 2013. Todas las victimas fueron detenidas sin órdenes de aprehensión ni causa alguna que justificara su arresto. Se presume que algunas de ellas fueron llevadas a la Academia de la Policía Estatal donde fueron torturadas. Ninguno regresó con vida.
Los casos continuaron hacia el final del gobierno de Duarte. Uno de los de mayor impacto fue el ocurrido el 11 de enero de 2016, cuando cinco jóvenes que fueron detenidos por agentes estatales en el municipio de Tierra Blanca. Nunca se les volvió a ver con vida.