Abusos y absurdos de la PMA

En mayo pasado, quiso cerrar siete tiendas de autoservicio por violaciones a normas ambientales, pero aparte de pagar las multas por 10 millones de pesos, se afirma se “solicitó” al representante legal del grupo que “durante la actual emergencia sanitaria (….) se aplique un sanitizante que comercializa la dependencia que tiene un costo de 250 pesos por litro. La autoridad solicitó acudir a cada tienda para revisar cuántos litros se requieren e indicó que el pago por el producto sería semanal o quincenal”, según el comunicado que difundió ese corporativo el 9 de mayo pasado. Hace unos días, su titular Sergio Rodríguez Cortés ordenó el cierre de un conocido crematorio localizado en el fraccionamiento Floresta, según sus enviados por falta de documentación que la empresa exhibió en ese momento, pero cuyo acto no pudieron concretar debido a que en ese momento estaba siendo incinerado un fallecido por Covid-19 y otro más era transportado en ese momento a ese lugar para el mismo fin. Es un hecho sin explicación en la actual crisis por la pandemia, y sobre todo en el municipio de Veracruz donde el número de muertos por contagios del virus va e aumento y, de acuerdo a las normas sanitarias, lo más recomendable es la incineración. No se trata de valorar entre lo que conviene hacer en este momento o respetar la ley; en caso de existir irregularidades, como afirma la PMA, cabría imponer multas y fijar plazo para que todo funcione en regla en ese crematorio, actuar con razonamiento y evitar una absurda y nociva clausura. Para tener una clara idea de la importancia de este incinerador, ahora mismo sirve de auxiliar al crematorio municipal debido a la descompostura de uno de sus hornos. ¿Adónde se llevarían los cuerpos de los fallecidos por coronavirus si fuera cerrado éste? Por lo pronto, Alfredo Sánchez López, en representación de esa empresa, acaba de presentar denuncia penal ante la Fiscalía General del estado en contra de la Procuraduría del Medio Ambiente, por presunto abuso de autoridad en sus facultades y atribuciones por parte del procurador Sergio Rodríguez y varios de sus empleados, entre ellos la subprocuradora de Asuntos Jurídicos, Karina Miranda García, a fin de que se deslinden las responsabilidades que existan. Otra cosa importante, sobre el mismo tema, es el funcionamiento aparentemente clandestino de una morgue alterna en plena zona urbana de la ciudad de Veracruz, en Lafragua e Iturbide, lugar al que llevan los cuerpos de víctimas de la violencia que antes manejaban en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Juan Pablo II en Boca del Río y cuya capacidad de almacenamiento, desde hace tiempo, se encuentra rebasada.

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