Ayer, Día de la Libertad de Expresión, no hubo nada qué celebrar por tanta intolerancia que ha costado infinidad de vidas en los últimos años.
No sólo ha costado la vida de 25 periodistas veracruzanos por ser voces disonantes que afectaron intereses políticos o económicos, también de muchos luchadores sociales que han sido objeto de agravios y crímenes por decir su verdad. El derecho a pensar diferente y expresarlo es inalienable, y es exigible y debe ser defendido siempre, todos los días, aún con los riesgos que implica hacerlo, sobre todo ante el poder público. Eso hace el periodista, cuya labor —por más ética que ésta sea— siempre se intenta desacreditar, y son pocos los hombres encumbrados que aceptan la críticas, y aún menos los que atienden y rectifican cuando se señalan errores o abusos de poder; gobernantes refractarios en su mayoría que no aceptan escuchar ni ver, y otros a quienes la soberbia los transforma y envilece reprimiendo y ofendiendo a los que no consideran sus críticos, sino sus adversarios; y son pocos, escasos, aquellos que cumplen con el apostolado de ser un servidor público. ¿Sirve celebrar o creer que en realidad hay respeto a la libertad de expresión cuando no solamente abunda la injuria a la actividad periodística, también la impunidad en los casos de los comunicadores asesinados en la última década?
En este contexto, inquieta la expresión intolerante del presidente Andrés Manuel López Obrador de que hoy debe haber una definición política de “se está en favor de la transformación del país o en contra de ella”, en un mensaje enviado al historiador Enrique Krauze, quien es un reconocido intelectual y libre pensador, a quien comparó con el conservador español Lucas Alamán por haber apoyado la postura del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en su queja de que hubo intervención del gobierno federal en la violenta manifestación contra él por la muerte de un hombre a manos de la policía, no del estado, sino de un municipio de esa entidad. ¿En realidad eso piensa Ejecutivo de la nación? Una crítica que genera esa reacción debe inquietar, pues el desacuerdo es parte del ejercicio en una democracia y, en todo caso, hay que precisar una posición, y que sea la sociedad la que juzgue. En fin, y hay que agregar que en el caso de Veracruz, debe señalarse que aún cuando en el actual gobierno veracruzano existen dos casos de reporteros asesinados: Celestino Ruiz Vázquez, de Actopan, en agosto de 2019, y María Elena Ferral Hernández, de Papantla, el pasado 30 de marzo, hay señales de voluntad para resolverlos. Del primero, hay un detenido, y aún está prófugo el autor intelectual; y de la compañera papanteca, hay 6 detenidos de 11 presuntos implicados, aunque falta el principal autor intelectual del trágico hecho. No es lo ideal, pero hay avances. Lo deseable, además de resolver estos dos asuntos, sería desempolvar los otros casos que anteriores autoridades estatales no pudieron o no quisieron resolver. Ese sería un buen reconocimiento a todos los periodistas del estado en el Día de la Libertad de Expresión.
Cabildos aprueban reforma electoral. La aprobación de la reforma electoral por los cabildos de los gobiernos municipales del estado avanza a marchas forzadas, no sin tropiezos como en Coatzacoalcos de filiación Morena; sin embargo, en los 15 municipios donde gobierna el PVEM en Veracruz ya le dieron el VoBo, según informó el líder estatal de ese partido, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez. Ese respaldo a la propuesta de reducir el dinero público a partidos políticos permitirá un ahorro de dos mil millones de pesos en 5 años, de acuerdo con sus cálculos, por una menor burocracia en los consejos electorales, además de privilegiar la equidad de género con inclusión de candidatos independientes y a los grupos étnicos del territorio a partir del proceso electoral de 2021. Una operación política efectiva.
