Irresponsabilidad oficial contribuyó a contagios

Arturo Reyes Isidoro / El 13 de marzo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que para esa fecha se habían confirmado ya tres casos probables de Covid-19; dijo que había 10 personas reportadas con síntomas pero que siete habían dado resultados negativos y que tres estaban por confirmarse si era positivos. Anunció entonces que “por el momento” no se suspenderían eventos masivos.

El domingo 15, dos días después, el propio secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, inauguró en Tlacotalpan el 4º Festival de la Paella que, se presumió entonces, reunía a 33 paelleros de distintas partes del país y hasta del extranjero (de España). El alcalde Christian Romero Pérez presumió incluso la presencia de empresarios de Monterrey.

En el festival estuvo presente la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria 9 con sede en Cosamaloapan, Marina López Sánchez, quien llevó una brigada médica que ofrecía gel antibacterial a los asistentes. Según, realizaban también una campaña informativa sobre el Covid-19.

Exactamente dos semanas después, el domingo 29 de marzo se informó que había ocurrido la primera muerte por coronavirus: la de Pedro Norberto Lili Reyes, “Beto Lili”, quien tenía 53 años. Era atendido desde el 27 de marzo en el Hospital General del ISSSTE en Veracruz. Había asistido al Festival de la Paella.

El 1 de abril murió la segunda víctima cuando era trasladada a un hospital de Xalapa: el contador Noé López Martínez. Vivía en Emiliano Zapata y era director de Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis). También había estado en Tlacotalpan.

Pero contra las versiones de que había asistido al Festival de la Paella porque se encontraba de vacaciones, trabajadores del Orfis y amigos de la víctima desmienten totalmente esa versión: ni estaba de vacaciones ni había ido en plan de paseo; había asistido a un curso de capacitación.

Personal del Orfis asegura que hubo disgusto contra la titular Delia González Cobos porque no obstante que el hombre empezó a sentirse mal y a presentar síntomas, no le autorizaron irse a su casa sino hasta el 26 de marzo cuando ya había tenido contacto con muchas personas tanto de la institución como foráneas.

El portal veracruz.lasillarota.com publicó el viernes pasado que la auditora González Cobos había calificado como «fake news» la información que decía que el empleado presentaba síntomas de coronavirus.

Comentarios de trabajadores del Orfis es que no obstante lo que estaba ocurriendo, la misma titular se negó a enviarlos a sus casas para que se aislaran y se sometieran a cuarentena de observación, por lo que algunos tuvieron que hacerlo bajo su propio riesgo de sufrir consecuencias laborales.

Por lo que hace al secretario de Gobierno, fuentes dignas de todo crédito aseguraron a “Prosa aprisa” que nunca presentó síntomas y menos que contrajo el mal, como circularon versiones el pasado fin de semana. El propio funcionario desmintió los rumores el sábado al hacer que lo entrevistaran en RTV, donde calificó de “traidores” y “traidorzuelos” a la patria a quienes circularon la especie.

Pero eso no lo salva de hacerlo corresponsable de haber contribuido al contagio y al fallecimiento de las dos personas, así como a la posible propagación de la pandemia, al no haber suspendido la celebración del acto masivo cuando ya había la alerta de la dispersión del mal, así como también, como autoridad estatal, haber permitido la asistencia de personas de otros estados e incluso del extranjero.

No se explica por qué el señor siguió adelante si ese mismo domingo 15 el Gobierno del Estado, del cual es la segunda autoridad más importante, súbitamente por la mañana había suspendido el Festival Cumbre Tajín, que sería clausurado por la noche, se dijo que de manera preventiva ante la pandemia del Covid-19.

«Con el propósito de proteger a las personas que visitan la entidad, así como a los veracruzanos, la Secretaría de Turismo y Cultura ha tomado la decisión de no abrir las puertas del Parque Temático Takilhsukut en el tercer día de actividades de Cumbre Tajín», dijo un boletín oficial de prensa.

Sobre el tema, sostuve que la suspensión fue para tratar de encubrir el total fracaso que resultó, aunque si de verás fue preventiva, quién sabe entonces que información tenían ya adentro y pese a eso Eric no se detuvo.

En El Tajín los protegían mientras que en Tlacotalpan desprotegían a visitantes y tlacotalpeños. Lo de siempre: la total descoordinación de las propias autoridades, ¿o bien la actitud arrogante y caprichosa del secretario Cisneros?

Ese domingo 15, en sus cuentas de Facebook y Twitter, presumió:

“Este domingo asistí al Festival de la Paella que por cuarto año consecutivo se realizó en el municipio de Tlacotalpan.

En este hermoso lugar reconocido como la Perla del Papaloapan, más de 33 paelleros nacionales y extranjeros (subrayado mío) se dieron cita con un gran propósito: todo lo recaudado se donará en especie al sistema DIF municipal.

Este es el espíritu de solidaridad que el gobierno de la cuarta transformación, que en el estado encabeza Cuitláhuac García Jiménez, quiere contagiar y cada día trabajamos para ello”.

Lo que el gobierno de la 4T contagió fue pero coronavirus permitiendo el festival masivo.

El 30 de marzo, día del fallecimiento de la primera víctima, el ayuntamiento de Tlacotalpan emitió un comunicado donde se dijo que: “En unas horas el presidente municipal Christian Romero Pérez realizará un comunicado oficial, para informar a la ciudadanía las medidas pertinentes”. Nunca lo hubo, aunque al día siguiente mediante un video llamó a quedarse en sus casas, tratando de evadir cualquier responsabilidad.

Y por fin el viernes pasado, el propio alcalde difundió otro video donde se observa a una brigada sanitizando calles, ya que la población está verdaderamente aterrorizada, según describen periodistas de la región. Después del niño ahogado tapan el pozo, igual, como siempre.

Decepciona el presidente a IP y sube el dólar

La decepción que causó ayer a los mercados el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe por los primeros 100 días de su segundo año de gobierno se reflejó en la caída del peso frente al dólar: de 25.09 el billete verde subió a 25.31 pesos.

El sector empresarial calificó de decepcionante el mensaje. Esperaba que anunciara estímulos fiscales para ayudar a sostener la planta productiva del país y evitar el despido masivo de trabajadores, pero se quedaron esperando.

La IP estima que se podrían perder entre 500 mil y un millón 400 mil empleos formales.

AMLO anunció medidas hacia adentro de su gobierno, como la baja de sueldo a altos funcionarios y la eliminación de aguinaldos de subdirectores para arriba, la reducción de gastos de publicidad (afectará a los medios que la estaban recibiendo), de la partida de viáticos, de los gastos de operación y ahorro en compra a proveedores, así como en los costos de obras públicas. Dijo que no habrá más impuestos ni aumentará la deuda pública.

El 31 de marzo, el sector empresarial había pedido al Gobierno federal un respiro que les permitiera hacer frente a la actual crisis sanitaria por el Covid-19, sin dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) había solicitado diferir la presentación de la declaración anual, permitir el pago de impuestos en parcialidades y dar facilidades para el pago de luz, entre otros. Había urgido la emisión de un decreto a través del cual se otorgaran diversas medidas de apoyo a las empresas.

En su conferencia mañanera de ese día, AMLO hizo en cambio un llamado a los empresarios a pagar salarios a sus trabajadores durante la emergencia y que no litigaran en los tribunales.