El argumento esgrimido ayer por el diputado presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, de que no hay causal para separar de su cargo a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns resulta limitado, innecesario y extemporáneo.
El escándalo escaló a nivel nacional y el daño es irreversible porque pone en evidencia nexos que pueden ir más allá de lo familiar entre ellas, el descuido en los nombramiento por intereses de grupo para acomodar a una incondicional que fuera directora jurídica de la Secretaría de Gobierno y la erosión a la confianza en la institución responsable de la procuración de justicia en los tiempos del crimen. Quizá éste último punto pese más que los dos anteriores y debe inquietar, por lo menos, a quienes tienen la obligación de responder por sus actos a los ciudadanos veracruzanos.
La titular de la FGE en parte tiene razón cuando admitió ese parentesco: “a la familia no se le elige; yo sólo soy responsable de lo que haga y de mis palabras”. Sin embargo, en esa circunstancia que permanecía oculta apenas se hace pública, lo correcto era excusarse cuando le ofrecieron asumir esa función, aunque sea de manera provisional.
¿Debe separarse de la Fiscalía? Es cuestión de ética y ella deberá decidir si se va o se queda, o tomar esa decisión desde los más altos mandos del poder. No hay delito en un vínculo familiar, y en su caso no existe señalamiento directo de que esté facilitando información o protección a su prima, diríase que sólo provoca dudas razonables de que esté sucediendo o pueda suceder.
Pozos, en un afán de control de daños, declaró que admitir la familiaridad con Guadalupe Hernández Hervis, conocida como La Jefa, operadora de el ‘H’, jefe de plaza de un grupo delictivo en Coatzacoalcos, quien fue detenida en 2017 septiembre y confinada en el penal femenil de Coatlán del Río, en Morelos, donde obtuvo su libertad por efecto de un amparo en septiembre del año pasado, fue un acto honesto y valiente de la fiscal general y, en su caso, “sólo cuentan los resultados”, y para afianzar su argumento, dijo que “se hace menos drama cuando un servidor público no habla con la verdad”.
La realidad es que siempre deben hablar con la verdad, sin excepción. El funcionario está obligado, por ley, y por definición del actual régimen por aquello de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, a mantener una conducta pública intachable. Todo lo que quiera expresarse sobre este caso carece de otro sentido, y como algunos escándalos más, entre ellos una reunión reciente del mandatario estatal con un empresario cuenqueño de dudosa reputación, puede convertirse en otro “prietito en el arroz” de la administración estatal que, por lo visto, vuelve a aportar tiempo y al olvido en la sociedad veracruzana.
NIÑOS CON CÁNCER, DESATENCIÓN INHUMANA
En la ciudad de México en los últimos días se han presentado marchas, plantones y protestas de padres y madres de familia de hijos que padecen cáncer debido a la desatención en los hospitales públicos, que hasta hace poco recibían con el Seguro Popular. La falta de sensibilidad de los funcionarios del sector Salud es una amenaza de muerte para todos ellos, y más allá de la desesperación de los familiares, hay indignación por este descuido.
Lo mismo sucede en la entidad, donde ha sido necesario recurrir a la protesta como medida de presión para obtener respuesta de las autoridades. Es inquietante esta situación, sobre todo tratándose de niños. Debe esperarse una respuesta inmediata, o los fallecimientos que ocurran será responsabilidad de quienes dirigen el gobierno.
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