Edgar Hernández* /
¡La relación prensa estado en una encrucijada!
Hace unos días escribí sobre la pretendida embestida de la Fiscalía General de la Federación por regresar a la época de las cavernas metiendo a la cárcel a quien, por decirlo en términos llanos, denuncie rapacerías, corruptelas o enriquecimientos ilegales.
Esta mañana en mi revisión cotidiana de la prensa nacional y la local -en medio de la barahúnda desatada por la afirmación de la Fiscal local provisional, Verónica Hernández, y sus ligas familiares con el crimen organizado- de un artículo de fondo escrito por el acreditado moderador de opinión, Sergio Aguayo, quien da cuenta de un hecho sin precedentes en las relaciones prensa estado.
Escribe Aguayo que “sería un grave retroceso revivir la posibilidad de encarcelar periodistas por supuestos daños a la reputación”.
Luego da cuenta de una demanda judicial sucedida en su persona en 2016 de parte del gobernador Humberto Moreira “porque abollé su fama pública en un artículo tras lo cual el juez Alejandro Rivera le aceptó a Moreira tasar su honor exigiendo 10 millones más gastos del juicio”.
“El, Moreira, ha buscado intimidarme –supongo- porque investigo la violencia criminal en Coahuila; y él se distinguió por su pasividad ante la brutalidad Zeta”.
Y agrega:
“Los juicios en México son lentos y caros. En los cuatro años transcurridos hemos presentado unos 300 escritos acompañados de documentos certificados por notarios con mirada de calculadora, con peritajes costosos (uno, psicológico, duro 16 horas) y con trámites interminables. Miles de horas y millones de pesos (el despacho Beristain me defiende pro bono, pero yo pago los gastos)”.
En su relato en su prolijo escrito que publica este día el diario Reforma, el articulista da cuenta asimismo como los jueces venales se entregan a las órdenes del patrón para convertirse en “soldados de Moreira”, todo a cambio de prebendas y notarías.
Al final del litigio Sergio Aguayo tuvo la razón jurídica, pero en desquite el magistrado Francisco José Huber Olea, revocó el fallo de la Sala Sexta y “busca el modo de hacerme pagar los diez millones más gastos”…
“¿Por qué tanto encono?”, se pregunta Aguayo.
Por todo ello, concluye el colega, “me parece aberrante el intento de la Fiscalía General de la República de criminalizar las demandas por daños de honor”.
“Entiendo sus frustraciones por la dificultad de resolver problemas enquistados, pero deberían tomar en cuenta la existencia de redes de corrupción en el Poder Judicial”.
Esa es pues, la realidad que vive la relación prensa-estado.
Ya en otro momento la opinión pública y el gremio daban cuenta del diferendo entre la esposa del ex presidente José López Portillo, la vedette Sasha Montenegro con la periodista Isabel Arvide, por difamación.
El asuntito le costó a la colega más de tres millones de pesos, lo que significó la pérdida total de su patrimonio que no la dignidad.
En igual sentido ha respondido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante la desmedida defensa de Manuel Bartlet, ante las revelaciones del periodista Carlos Loret de Mola, quien ha recibido la condena pejista acompañada de la retahíla de insultos de los chairos, así como el previo despido de Televisa.
Son, en efecto, los costos de una libertad de prensa que cuando toca los intereses de los poderosos termina en la satanización si no es que en la cárcel.
Hoy estamos peor que en el pasado.
Vivimos el cambio no para seguir igual, sino peor. Y como estamos en la época de las ocurrencias ojalá y el caso Aguayo no sirva de ejemplo al gobierno de Cuitláhuac García y a su Fiscalía, hoy criminalizada, para enviar iniciativas que transiten del chayote a la cárcel para los periodistas.
Tiempo el tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
