- Así lo determina Miguel Ángel Vega García, Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría del Estado, en el Procedimiento Disciplinario Administrativo número 025/2017.
- También a Antonio Gómez Pelegrín, ex Secretario de Finanzas de Javier Duarte de Ochoa; a Jorge Jaramillo Méndez, entonces Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Egresos y Subsecretario de Egresos y a Arnulfo Octavio García Fragoso, ex Tesorero.
Por responsabilidades administrativas, la Contraloría General del Estado de Veracruz determinó la “inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público estatal por el término de siete años” a la ex Secretaria de Finanzas del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, Clementina Guerrero García, dentro del Procedimiento Disciplinario Administrativo número 025/2017.
La sanción alcanzó también al ex Secretario de Finanzas del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, Antonio Gómez Pelegrín; a Jorge Jaramillo Méndez, ex Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Egresos y ex Subsecretario de Egresos y a Arnulfo Octavio García Fragoso, ex Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado.
La resolución de 58 páginas, a la que tuvo acceso Espejo del poder, está signada el 01 de octubre de 2019 por Miguel Ángel Vega García, Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría del Estado, el mismo que fue titular del Órgano de Control Interno en la SEDATU y SEDESOL, con Rosario Robles Berlanga, involucrado en la llamada “Estafa Maestra” que tiene a la ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto en la cárcel.
En el numeral segundo se indica que con fundamento en los artículos 53 fracción VI inciso c) y 56 fracción V de la Ley de Responsabilidades en cita, se determina imponer a los exfuncionarios la inhabilitación por siete años a cada uno de ellos, considerando que el monto del daño patrimonial excedió mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, (316 millones 086 mil 033.34 pesos) tomando en cuenta los parámetros fijados en el artículo 53 fracción VI inciso C) de la citada ley, sanciones que empezarán a surtir sus efectos a partir de la emisión de la presente Resolución.
“Asiéntense las sanciones determinadas en el libro de Servidores Públicos Sancionados de esta Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el registro respectivo”, se indica en el numeral quinto.
La Contraloría General del Estado determinó “existencia de responsabilidad administrativa” dentro del resultado final 3 con clave de acción 16-A-30000-02-1662-06-001, derivado de la Auditoría Número 1662-DS-GF, denominada “PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud”, como resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.
El 11 de mayo de 2017 se recibió en la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública el oficio número CGE/DGFFF/058/05/2017 de fecha ocho de mayo de 2017, suscrito por el entonces Director General de Fiscalización a Fondos Federales, mediante el cual remitió el oficio número DARFT “D3”/038/2017 de fecha tres de mayo de 2017, signado por el L.C. David Morales Colín, Jefe de Departamento, mediante el cual se remiten las cédulas de resultados finales derivado de Número 1662-DS-GF, denominada “PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Salud”, con número de resultado: 3, procedimiento número: 1.2, de fecha 03 de mayo del 2017.
Dicho procedimiento número 1.2 indica que con la revisión de los estados de cuenta bancarios, recibidos oficiales de ingreso, auxiliares y pólizas contables y presupuestales de ingreso, se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFIPLAN recursos de PROSPERA 2016 por 327 millones 453 mil 054.58 pesos y se generaron intereses por 93 millones 788.76 pesos en la cuenta bancaria de la SEFIPLAN de los cuales solo se transfirió al REPSS 11 millones 460 mil 809.50 pesos, quedando pendiente 316 millones 086 mil 033.34 pesos, incluidos los rendimientos financieros, en incumplimiento de las cláusulas segunda, párrafo cuarto; cuarta numeral 2; y novena, fracción V del Convenio Específico de Colaboración en materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de PROSPERA, Programa de Inclusión Social: Componente Salud.
Clementina Guerrero García, dice la resolución, “omitió dar seguimiento para autorizar y vigilar que se realizara la transferencia del monto de 316 millones 086 mil 033.34 pesos para su aplicación y ejercicio por el ente ejecutor”.
Su obligación era “salvaguardar en todo momento la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo, sin soslayar estas responsabilidades”, tal y como lo establece el Artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el estado de Veracruz.
Todos los ex funcionarios acusados dentro del el Procedimiento Disciplinario Administrativo número 025/2017 fueron citados el 12 de agosto de 2019 para comparecer, aportar pruebas y alegatos para esclarecer los hechos y así lo hicieron todos, con escritos fechados el 28 de agosto de 2019.
Sin embargo, la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría del Estado determinó que “carecen de sustento que permita convalidar que realizaron las medidas necesarias para determinar que cumplieron cabalmente con el cargo encomendado, ya que solo hacen mención en cuanto a cuestionamientos procesales, sin que se emita documentos que permitan acreditar el cumplimiento del Programa PROSPERA, Programa de inclusión social: componente salud”.
En tanto, este jueves 14 de noviembre, a las 12.30 horas, en la Sala de Juicio Oral número dos, del Juzgado de Control y Procedimiento Oral, del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Clementina Guerrero García tendrá que presentarse ante el juez Luis Roberto Juárez López, en seguimiento al proceso penal número 318/2019, para atender las acusaciones por posible ejercicio indebido del servicio público, hechos de corrupción y abuso de autoridad, cuando fue Secretaria de Finanzas en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Existen expectativas respecto a que si en esta ocasión se presentaría el Fiscal acusador, Manuel Medel Hernández, quien el pasado 31 de octubre, cuando el juez determinó la suspensión de la orden de aprehensión, salió corriendo del recinto y el 1 de noviembre no acudió, dejando desconcertados a los acusados: Clementina Guerrero García; Adrián Viccon Basto, ex tesorero de la SEFIPLAN y Luis Francisco Virués Hernández, ex subdirector de Operación Financiera.
Como ya se conoce, la orden de aprehensión girada en contra de estos exfuncionarios del gabinete Yunista se vino abajo, luego de que el Despacho Jurídico “Martínez y Asociados” lograra los amparos números 935/2019 y 967/2019, para sus clientes Viccon y Virués, beneficiando indirectamente a Clementina Guerrero García.
