No se sabe qué tipo de incendio ocasionó la invasión de humo el sábado en la autopista Xalapa-Veracruz, a la altura del libramiento de Cardel; si éste fue originado por quema de pastizales, o de cultivos de caña de azúcar en la zona, por lo regular para limpiar terrenos o facilitar las cosechas.
El asunto es que esas prácticas se han convertido en un riesgo para los habitantes de los lugares donde suceden, por el peligro de volverse incontrolables y arrasar con todo lo que encuentre a su paso, pero también, como sucedió esta vez, para los automovilistas que circulan por las transitadas carreteras adyacentes. El fin de semana fue un lamentable caso trágico por la muerte de seis personas (dos niñas, tres mujeres y un hombre) y más de 20 heridos, sin contar las multimillonarias pérdidas materiales debido a ese espeso humo que impidió la visibilidad y causó la aparatosa carambola de más de 20 de vehículos, tráileres y un autobús de pasajeros. Hubo impactantes escenas del accidente, fotos y videos que circularon en redes sociales, y los testimonios de la propia secretaria de Protección Civil del estado, Guadalupe Osorno Maldonado, de que uno de los autos quedó materialmente aplastado por una pesada unidad de carga. Y si bien hubo una adecuada atención a los heridos en el lugar de los hechos con ambulancias, carros de bomberos e inclusive la disposición de un helicóptero que trasladó a algunos de los lesionados a hospitales de la ciudad de Veracruz, no sucedió lo mismo en momentos previos del accidente por parte de las autoridades locales o de la empresa concesionaria de la autopista, quienes aparentemente fueron omisos o actuaron con descuido cuando inició el fuego para intervenir oportunamente y detener o desviar el tránsito vehicular, lo que habría evitado el trágico desenlace. La fatalidad es irreparable, como los malos momentos que infortunadamente vivieron las personas involucradas en este triste episodio, pero sí es importante determinar por parte de las autoridades investigadoras el origen de este incendio, sobre todo si se trató de la irresponsable, nociva y amenazante quema de cañaverales que se practica en las zonas de Cardel, Cosamaloapan y otros municipios productores de este cultivo y que, por salud pública y seguridad de la población circundante y automovilistas, deben erradicarse para siempre. Es un asunto que, incluso, tendría que penalizarse por los daños que causa al medio ambiente, flora y fauna, y en especial por la pérdida de vidas humanas, como acaba de ocurrir en este caso. Esperemos la respuesta del Gobierno del Estado, de los cabildos y de los diputados locales y federales.
ALEVOSA AGRESIÓN A PERIODISTA EN VERACRUZ
El periodista Jesús Vázquez Pino fue víctima de una alevosa agresión el jueves pasado en un tradicional café del puerto de Veracruz a manos de Antonio del Río Argudín, exaspirante a candidato independiente para diputado federal por el distrito XII de Boca del Río. El periodista recibió un puñetazo en el rostro luego de ser amenazado de que sería sacado de ese negocio, propiedad de Marcelino Fernández Rivero, quien más tarde se dirigió al comunicador para expresarle su solidaridad. Hoy, el afectado será acompañado por personal jurídico de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), para presentar denuncia penal contra el agresor, quien se ha ostentado como subdirector de la empresa Offshore Consultant, con oficinas en Boca del Río. A Del Río Argudín le molesta que algunos comunicadores le reclamen adeudos por publicidad que contrató cuando aspiraba a la candidatura señalada, entre ellos la víctima; pero lo que causó su enojo con Vázquez Pino fue la publicación que éste hizo en su portal noticioso de la foto de un cheque que hace meses entregó por concepto de devolución de dinero a una persona con quien se asoció para un negocio de compra y distribución de paneles solares, documento que carece de fondos para cubrirlo. El presunto defraudado, junto con otros que padecen la misma situación, también estarían a punto de denunciar a Del Río. En fin, la autoridad tiene elementos para proceder conforme a la ley contra este peligroso individuo.
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