El gobierno federal encabezado por López Obrador no privilegia la transparencia, tampoco parece importarle el marco normativo establecido para convocatorias a licitaciones y, obviamente, padece alergia aguda a los organismos autónomos y reguladores que sirven como contrapeso a la autoridad, día a dís sus acciones lo comprueban: Sin explicación alguna se escogió a cuatro empresas para que liciten la obra de la nueva refinería, sin licitación de por medio, un grupo aeroportuario francés es el encargado del Plan Maestro de Santa Lucía, igual ocurre con el diseño del proyecto del Tren Maya. El marco jurídico regulador para estos menesteres se estableció para evitar actos de autoridad propiciatorios de corruptelas con recursos públicos, sin embargo, al gobierno de la 4T no parece importarle su vigencia
