Este año hay elecciones en 6 estados del país, las primeras de la auto alabada Cuarta Transformación. Se trata de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, entidades en las que ya hay un común denominador: las denuncias por el uso electoral de los recursos públicos. Lo anterior nos obliga a quienes formamos parte de la oposición, no solo a alzar la voz, sino a exigir elecciones limpias y transparentes, así como congruencia, a este nuevo gobierno. Les pongo unos cuantos ejemplos.
En Aguascalientes, en donde se elegirán 11 ayuntamientos, hay denuncias de condicionamiento de la entrega de recursos públicos a cambio de credenciales para votar. En Baja California, renovarán la gubernatura, 17 diputaciones de mayoría; 8 diputaciones de representación proporcional y 5 ayuntamientos; ahí, a la fecha, hay cinco procedimientos especiales sancionadores ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral (IEE). Una situación muy similar se da en Durango, donde se renovarán 39 ayuntamientos y en Quintana Roo que elegirá a su Congreso local con 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. En Tamaulipas se elegirán 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, pero el pasado fin de semana, la situación de inseguridad que prevalece se recrudeció al ser secuestrado un autobús con 19 personas.
Obligar a los beneficiaros de programas sociales a acudir a los eventos presidenciables; las brigadas que levantaron el famoso “censo para el bienestar” (que ni es censo ni es para el bienestar), casa por casa, para el diseño de programas sociales eran militantes del partido en el Gobierno; las denuncias por actos anticipados de campaña o la que existe contra la Secretaria de Turismo por considerar que se desviaron recursos públicos con fines de propaganda electoral a favor de Morena en la difusión en redes sociales de un promocional, son algunos de los focos rojos para estos próximos comicios.
Sin embargo, cada día los mexicanos comprobamos que hay la intención de personalizar el poder y de privatizar, ya no en los Pinos, pero sí en Palacio Nacional, las decisiones que deben ser potestad de la nación; por eso, no solo es el llamado al nuevo gobierno de sacar las manos de estos seis procesos y a conducirse con legalidad, sino también la advertencia, a tiempo, de no caer en la tentación de perpetuarse en el poder, como intentan hacerlo con la revocación de mandato y la consulta popular. Vemos con preocupación que, lejos de cumplir su cometido de ser herramientas de la democracia, se convierta en mecanismos intimidatorios contra los gobiernos de oposición, por eso las y los diputados federales del PRI votamos en contra.
Así, con el uso y abuso de programas sociales. La crítica a los críticos. La amenaza a quien opina diferente. La imposición de funcionarios estatales para suplantar a los ejecutivos locales. La mezquindad del abucheo orquestado. El acecho al INE, el asalto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la revocación de mandato con fines tramposos y electoreros, seguido de un largo etcétera, son indicadores de que el gobierno federal y su partido, Morena, están dispuestos a hacer lo que sea, lo que sea, para arrebatar el poder a las oposiciones y perpetuarse en los gobiernos de la República. Peligroso hecho: el país se ha roto cada vez que se han violado las reglas del respeto al voto y de la renovación de los poderes.
Como diputado federal, desde la oposición, defenderé siempre a las instituciones y el derecho de las y los mexicanos para decidir libremente quién debe gobernarle. Defender la democracia es decirle no a los excesos del Presidente y de su propio partido. Por eso reitero que no se puede ser demócrata de palabra: se es siempre de hechos. Ésta, insisto, es la primer gran prueba de fuego para ellos.
