Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Hace apenas tres días, el pasado fin de semana, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informaba que de acuerdo con datos de “un análisis estadístico”, durante la semana del 13 al 19 de octubre el estado había registrado una menor incidencia delictiva respecto a la anterior. *** Fue en la reunión número 91 del Grupo de Coordinación Veracruz. Ahí Yunes Linares indicó que el estado, que para efectos de evaluación se divide en seis regiones, en tres de las cuales el número de delitos disminuyó o se mantuvo igual y en las otras tres el crecimiento fue “muy marginal”. *** Hizo también un comparativo de 10 semanas del mismo periodo del año 2017, con respecto a las del año 2018, que habría dado como resultado que la incidencia “disminuyó de manera sensible en relación con 2017”. *** Algo, sin embargo, parece no encajar en su discurso. Este miércoles el presidente de la Confederación Patronal (Coparmex) en Veracruz, Juan José Sierra Álvarez, afirmó que este año “tendrá peores resultados en materia de seguridad en comparación con 2017”. Dijo que su previsión estaba basada en las cifras que manejan instancias oficiales a nivel nacional. *** No se trata –como argumenta el gobernador- de “mera percepción”, ni de campañas mediáticas. Hay números, cifras oficiales a las que no sólo el gobierno estatal tiene acceso, que confirman que la delincuencia en Veracruz, lejos de abatirse, fue en aumento en los últimos dos años. *** No se nos olvida que en campaña Miguel Ángel Yunes Linares prometió devolverles la tranquilidad a los veracruzanos, en seis meses.
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Iban a ser exhibidos.
Miembros del gabinete de Miguel Ángel Yunes Linares, esos que, según su jefe, en los dos años de su administración no han sido acusados de corrupción, iban a ser señalados -en plena sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción- de extorsionar a servidores públicos.
Ramón Tomás Alfonso Figuerola, titular de la Contraloría General del Estado; Yolli García Alvarez, comisionada-presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI); Pedro José María García Montañez, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; Marcos Even Torres Zamudio, el espurio Fiscal Anticorrupción, y Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) decidieron abandonar la sesión ordinaria convocada para este miércoles (casualmente, en las instalaciones del Orfis, pues el Sistema Estatal Anticorrupción carece de instalaciones propias), con el fin de que no se consiguiera el quorum y, por lo tanto, se tuviera que cancelar el evento.
El Comité de Participación Ciudadana les había informado, en reunión previa, que en la sesión habrían de tratarse los señalamientos hechos por trabajadores del Poder Ejecutivo, contra funcionarios de la Contraloría General del Estado, acusados de extorsionar a trabajadores de nivel medio y superior de la administración estatal, a quienes les iniciaron procesos administrativos por supuestos malos manejos de los recursos públicos.
Los quejosos explicaron en su denuncia que servidores públicos de la Contraloría les exigen montos que van desde los 8 mil hasta los 250 mil pesos, al tiempo que los amenazan de que, en caso de no acceder a la extorsión, se les atribuirá toda la responsabilidad por las observaciones hechas en el manejo financiero, lo que les podría significar la inhabilitación hasta por 10 años.
Las víctimas de esta extorsión han acudido a la Contraloría General para justificar el manejo de los recursos públicos a su cargo, y han presentado los documentos que justifican el uso de los fondos públicos.
El presidente del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Vásquez Jiménez, informó que en la denuncia se señala como presunto responsable a Pedro José Vargas Zarrabal, encargado del área de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General.
Horas más tarde, el Comité de Participación Ciudadana emitió un comunicado en el que se advierte que “la ausencia de quienes integran el Órgano de Gobierno (…) muestra su desinterés y apatía por combatir la corrupción. Se busca retrasar las actividades propias del organismo pero no detendremos la encomienda para la que fue creado”.
Sergio Vázquez afirmó:
“Todas las acciones están hechas para trastocar, retrasar los trabajos e impedir que esto camine; a pesar del abanderamiento del Ejecutivo estatal y de su discurso del tema anticorrupción, los hechos hablan de una postura totalmente diferente”.
Emilio Cárdenas Escobosa, integrante del Comité de Participación Ciudadana, señaló que desde el inicio de los trabajos del Sistema Anticorrupción en Veracruz han pugnado porque las sesiones del Comité Coordinador sean públicas, con presencia de representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, lo que ha sido rechazado por los titulares de las entidades públicas que concurren en la mesa.
“Queda demostrado en su censurable actitud de ausentarse de la sesión de hoy justo cuando se convocó a medios y se iban a presentar denuncias de presuntos actos de corrupción en la Contraloría General del Estado y a exhortarlos a presentar sus propuestas para el programa de trabajo del próximo año y a comprometerse en serio y sin simulaciones en las acciones de combate a la corrupción”, dijo.
En el Tomo Uno de su primer informe, el gobernador Miguel Ángel Yunes presume:
“Tras doce años de gobiernos corruptos, de impunidad, del desgaste de las instituciones y de la esperanza de la ciudadanía, emprendimos el restablecimiento de las condiciones necesarias para una nueva etapa basada en la participación social, en la transparencia y en un franco combate a la corrupción y la impunidad”.
Apenas en el mes de agosto del presente año, en entrevista vía telefónica con uno de sus medios consentidos, el noticiero de XEU Radio, Yunes Linares se negó a responder a los señalamientos del gobernador electo, Cuitláhuac García, quien había advertido que se actuaría legalmente en contra del gobernador en funciones en caso de encontrarse irregularidades durante su gestión.
“No, no tengo nada que comentar. Hemos trabajado con eficiencia, honestidad y transparencia. Cuando tomé la gubernatura se hablaba de deshonestidad, corrupción, de falta de recursos para pagar la nómina, de salud (…) Hoy la situación es distinta, nos dedicamos a trabajar con eficiencia, honestidad y transparencia”.
Ya se está viendo que nada de eso es cierto, que como sus antecesores, prefiere escudarse en la mentira y en el silencio.
Pronto llegará el momento de que rinda cuentas ante la justicia del país.
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Epílogo.
Cerca de la media noche del martes, un par de sujetos que se movían en una motocicleta lanzaron una granada a las puertas de la comandancia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en Tuxpan. En redes sociales se atribuyó el atentado una organización criminal que se autodenomina “Grupo Sombra” y que está identificada como una rama del Cártel del Golfo. Por fortuna la explosión de la granada sólo provocó daños materiales, y nadie resultó herido. *** No cesan las represalias del actual gobierno estatal contra quienes se han manifestado abiertamente en su contra. El empresario Alejandro Cossío Hernández, uno de los más activos miembros de la Asociación Civil “SOS”, denunció que sujetos se introdujeron en su vivienda de Boca del Río, sus empleados fueron sometidos y lo despojaron de diversos bienes, pero además, le dejaron mensajes amenazantes. No por eso se amilana. Sigue invitando a la población a que el 30 de noviembre acuda al centro de Xalapa para festejar el final de este gobierno.
