El Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción que creó por decreto el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares nació viciado de origen, pues intentó legitimarlo con contratistas beneficiados por su administración.

Uno de los casos es el de Luis Federico Palacios Macedo Gutiérrez, quien apenas dos días después del decreto, fue favorecido con un contrato para Grupo Corporativo LUPAMA SA de CV, compañía de la que es propietario, según el acta constitutiva consultada en el Registro Público de Comercio en Xalapa.

Y es que de acuerdo con el fallo de la licitación simplificada mediante invitación a cuando menos tres proveedores LS-103C80801 en manos de IMAGEN, la constructora recibió el contrato por 373 mil pesos para dar servicio de mantenimiento y remodelar áreas de la Ciudad Asistencial Conecalli de Xalapa que administra el DIF estatal.

Los nexos de este empresario con el titular del poder ejecutivo no terminan ahí, pues ha sido además beneficiado con contratos de renta de inmuebles en los que despacha el gobierno de Yunes.

Según información pública entregada por la Secretaría de Turismo y Cultura a un particular vía Transparencia, el también presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la capital del estado es arrendador del edificio que alberga dicha dependencia ubicado en la calle Río Tesechoacán número 57 de la colonia Cuauhtémoc de Xalapa.

Cabe recordar que apenas el lunes 27 de agosto pasado, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ordenó la creación del Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016-2018.

El decreto —publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 342— refiere que el comité servirá para supervisar el estado que guarda el gobierno para transferirse al nuevo Ejecutivo.

Sus siete integrantes serían designados a invitación directa por el mandatario estatal por sus méritos en materia de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

Llama la atención que uno de los “vigilantes” como es el caso de Palacios Macedo reclamó en el 2016 al gobierno de Duarte un adeudo por 1 millón 386 mil pesos por 11 meses de renta.

Y es que se sabe su empresa LUPAMA fue señalada de haberse favorecido también con múltiples contratos en los gobiernos priistas de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte De Ochoa.