Filiberto Vargas Rodríguez
Punto de Vista
* Imposición, por encima de la razón
Prefacio.
Dentro de tanta porquería en el Congreso de Veracruz, de pronto hubo temas que se rescataron. *** Ahí está, por ejemplo, la aprobación este martes de la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición de Particulares para el Estado de Veracruz. *** El respaldo fue unánime. Un documento que incorporó las propuestas de los más interesados, los familiares de las personas desaparecidas. *** A partir de la promulgación de esta ley, el gobernador deberá incluir en el presupuesto de egresos de cada año, una partida que garantice el funcionamiento de las instituciones competentes en ese tema. *** Dicha partida no podrá ser menor al 0.025 por ciento del presupuesto anual estatal y deberá ser entregado en los primeros 30 días de cada ejercicio fiscal. *** La Ley crea el Consejo Estatal Ciudadano como un órgano del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas, que tiene como finalidad crear una herramienta a nivel local que sume esfuerzos con el Sistema Nacional de Búsqueda, otorgando certeza jurídica a las víctimas. *** Un gran avance, sin duda.
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¡Pasa porque pasa, así tengamos que pisotear la Constitución!
Esa fue la consigna y diputados panistas y perredistas la cumplieron al pie de la letra. La noche del martes, una evidente minoría legislativa “aprobó” la imposición del segundo “fiscal-carnal” de Miguel Ángel Yunes Linares.
Marcos Even Torres, quien se desempeñaba como visitador general de la Fiscalía General del Estado, bajo las órdenes de Jorge Winckler, fue impuesto en el cargo de Fiscal Anticorrupcíón.
Y como diría el estimado amigo Ramsés Yunes: “El oráculo habló: El nombramiento de Marcos Even Torres como Fiscal Anticorrupción será impugnado y, ante las evidentes violaciones al marco jurídico y el procedimiento establecido en la convocatoria, el acuerdo será invalidado en tribunales federales”.
Y es que este martes no hubo labor de convencimiento. Los argumentos jurídicos, los éticos y los políticos fueron dejados a un lado.
Un grupo empecinado en sacar adelante al Fiscal Anticorrupción, y el otro empeñado en evitarlo. Ambas partes escudadas en la Constitución, las Leyes y la convocatoria, pero también entrampados con esos mismos ordenamientos.
Nadie llegó con la mente abierta, dispuesto a escuchar las razones contrarias, intentando entender las explicaciones de quienes piensan distinto.
El dictamen estuvo viciado desde su origen. Fue elaborado y firmado por dos legisladores de la bancada del PAN: El Presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, José Luis Enríquez Ambel, hijo de aquel reconocido líder obrero (priista de toda la vida) José Luis Enríquez González, y la secretaria de esa misma comisión, Josefina Gamboa.
Contrario a lo que establece la propia Constitucióin en su Artículo 67 (“El Fiscal Especial será nombrado por las dos terceras partes de los diputados presentes del
Congreso del Estado, previa convocatoria pública que éste emita para tal efecto”), en el dictamen se plantea que “la terna (…) deberá someterse a consideración del pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, para que se nombre con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”.
Evidentemente no es lo mismo “las dos terceras partes de los diputados presentes”, que lo que plantea el dictamen: “las dos terceras partes de sus integrantes”, esto es, de los 50 diputados, estén o no todos presentes.
Debido a las severas inconsistencias en la convocatoria y en el dictamen, las bancadas de Morena, el PRI y Juntos por Veracruz plantearon que el dictamen fuera regresado a comisiones.
La pretención era clara, que se pasara el tiempo y tuviera que ser la próxima Legislatura, con una composición política muy diferente a la actual, la que se encargara de ese tema.
La instrucción al Presidente de la Junta de Coordinación Política fue, sin embargo, muy clara: “Ese nombramiento pasa, porque pasa, así tengas que llevar el procedimiento a los extremos”.
Y así lo hizo. Luego de al menos cuatro recesos -tras los cuales panistas y perredistas mantenían su propuesta de que fuera Marcos Even Torres, mientras que los grupos opositores insistían en que no fuera ninguno de los propuestos- se optó por ignorar a los legisaldores del PRI, Morena y Juntos por Veracruz, reanudar la sesión sin ellos y ratificar el nombramiento “con la totalidad de los legisladores presentes”.
¡Pero sólo eran 26!
¡Con esos!
Como alguien comentó: Si hace poco siete diputados legitimaron el nombramiento de un gobernador, 26 legisladores son más que suficientes para imponer al Fiscal Anticorrupción.
Y a todo esto…
¿Se sentirá conforme Marcos Even Torres con la manera en que fue impuesto?
¿Cuánta legitimidad tendrá en el cargo?
¿Alguien, en su sano juicio, creerá que será un verdadero dique contra la corrupción, cuando su propio nombramiento está impugnado?
Esa es la política al estilo Yunes Linares.
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Epílogo.
¡Vaya susto el que se llevó el dirigente estatal del Sutsem, Ricardo Diz Herlindo! La tarde de este martes fue detenido por elementos de la Policía Ministerial del Estado, aunque un par de horas más tarde obtuvo la libertad, gracias a que cuenta con un amparo. Diz Herlindo informó que buscó la protección de un amparo, debido a que el director del Instituto de Pensiones (IPE) Hilario Barcelata Chávez, lo acusa de afectar el patrimonio del Instituto. El líder del Sutsem aclaró que son 12 los dirigentes sindicales que forman parte del Consejo General del IPE, pero ninguno tiene acceso a los recursos del Instituto. Por lo pronto, a tomar algo para el susto. *** La diputada local Cinthya Lobato presentó su solicitud para incorporarse al grupo legislativo de Morena, sólo que cometió una pequeña pifia: Dirigió su oficio al coordinador de la bancada de Morena, Zenyasen Escobar García, cuando éste ya había dejado dicho encargo, tras el retorno de Amado Cruz Malpica, quien había solicitado licencias para ir en busca de su reelección. La pifis sólo retrasa unos días el acuerdo.
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