La suerte de Índira

Filiberto Vargas Rodríguez
Punto de Vista

La suerte de Índira

Prefacio.
Ya en este espacio se había hecho mención a ese “chistorete” que fue escuchado allá por noviembre del 2016. A partir de nuevas noticias, es menester recordarlo. *** En alguna ocasión, siendo ya secretaria de Educación, la maestra Xóchitl Osorio externó su preocupación de que las acciones que estaba tomando tuvieran consecuencias jurídicas (la cárcel). La respuesta que recibió de su jefe, el gobernador Flavino Ríos, la dejó muda: “No se preocupe maestra, por su edad, ya alcanza prisión domiciliaria”. *** Viene a cuento porque este lunes se supo que el Juzgado Décimoséptimo de Distrito negó el amparo que solicitó la extitular de la SEV, Xóchitl Osorio, en contra de una orden de aprehensión de la Fiscalía General del Estado. El resolutivo del expediente 77/2018 declara que “se niega la suspensión definitiva en contra de los actos y autoridades mencionados”. *** Xóchitl Osorio tramitó dicho amparo el 26 de enero de este año, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) “descubriera” que en la SEV hubo cuentas bancarias no registradas en la contabilidad oficial. *** De la Secretaría de Educación podrían salir otros candidatos para Pacho Viejo.
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Miguel Ángel Yunes Linares está convencido de que este minúsculo período de gobierno, de apenas dos años, será suficiente para dejar huella en la entidad. A pesar de lo que se diga, no olvida sus orígenes y si alguna lección aprendió con Rafael Hernández Ochoa, fue que el mejor legado que puede dejar es la formación de una nueva generación de políticos y servidores públicos.
Quizá la mejor carta de su proyecto para trascender en el tiempo (además de sus hijos, por supuesto) es la joven abogada Índira Rosales San Román, hoy colocada en la tercera posición en la lista nacional de candidatos al Senado de la República por la vía Plurinominal, lo que representa una apuesta segura.
Nadie se podría imaginar que aquella “muchachita” que se desempeñaba como secretaria del Ayuntamiento de Boca del Río, en muy poco tiempo -menos de tres años- iba a llegar al Senado de la República.
Se han dado múltiples lecturas acerca de la ruta que siguió Índira Rosales para alcanzar tan disputada oportunidad. Especulan sobre lo que tuvo que ofrecer, o los “cartuchos” que habría tenido que quemar su protector político, Yunes Linares, para ser colocada en tan alto escaño.
En realidad, aunque el apoyo del gobernador fue fundamental en esta intriga, lo que en realidad permitió que alcanzara tan alta posición en la propuesta del Comité Nacional del PAN fue la fortuna.
Entre los panistas veracruzanos existía desde hace varios meses la certeza de que la mejor posición de Veracruz en la Cámara Alta sería para el actual diputado federal Enrique Cambranis, quien fuera dirigente estatal del partido albiazul y que en su calidad de Consejero Nacional “se la jugó” con su amigo Ricardo Anaya.
Desde que Miguel Ángel Yunes Linares tomó por asalto el PAN, Cambranis Torres se “autoexilió” y todo su trabajo político lo realizó en la capital del país.
No está peleado con los Yunes azules. Sucede que en la capital del país encontró mejores condiciones para hacer su trabajo y evitar con eso el desgaste de la política local.
Cambranis ya había platicado con Ricardo Anaya sobre su interés de buscar una posición preponderante en la lista plurinominal al Senado, y el candidato presidencial estuvo de acuerdo. Ambos sabían, sin embargo, que la decisión final se tomaría más adelante, y que esa posición sería una importante moneda de cambio en las negociaciones políticas.
Y así sucedió.
Para consolidar su proyecto, Ricardo Anaya tuvo que ceder un espacio para Miguel Ángel Mancera, Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, otro para Rafael Moreno Valle, quien compitió por la candidatura presidencial con el propio Anaya; y a Damián Zepeda, el dirigente nacional del PAN, y a Marko Cortés, quien le ha brindado importantes servicios como coordinador de los diputados federales.
A Enrique Cambranis le ofrecieron la décima posición en la lista, desde donde difícilmente conseguiría llegar al Senado. No la quiso. Como buen político, tenía un “Plan B” y se lo hizo saber a Ricardo Anaya: Una posición segura en el Congreso de Veracruz.
Sin pestañear, en México le dijeron que sí, que ocuparía la primera posición en la lista plurinominal a la Legislatura. El gobernador de Veracruz no puso la menor objeción, menos aún, cuando fue notificado que, para reparar el “agravio” de dejar fuera a Cambranis de la lista al Senado, le ofrecían la posibilidad de subir “algunas posiciones” a la dama que había propuesto el mandatario estatal, Índira Rosales. En principio, en forma cauta le plantearon que se le ubicaría “como la quinta o séptima” de la lista, pero las combinaciones le favorecieron y de pronto apareció como número tres, sólo debajo de Josefina Vázquez Mota (excandidata presidencial y a gobernadora del estado de México) y arriba de Kenia López Rabadán, integrante de la Comisión Permanente del PAN, y de la diputada federal Cecilia Romero Castillo.
En Veracruz, sin embargo, la decisión cupular sacudió al panismo local. José de Jesús Mancha ya había presentado a su jefe Yunes Linares la propuesta de candidatos plurinominales a la Legislatura, y la imposición de Cambranis no sólo le descomponía su proyecto, sino que de pronto se convertía en una peligrosa cuña.
Al dirigente local del PAN lo calmaron fácilmente. Su esposa fue colocada en el lugar número cuatro, y su bastión en el Congreso, Sergio Hernández, en el cinco.
Quedó, sin embargo, la inquietud de que el Comité Nacional envió a un “big leaguer” y que podría correrse el riesgo de que Sergio Hernández ya no fuera considerado para coordinar a la bancada.
Enrique Cambranis cortó de tajo esas especulaciones. Les aclaró que el llegaría a sumar y a sumarse al proyecto.
Todos contentos.
Al menos hasta ahora.
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Epílogo.
El Artículo 348 del Código Penal para el Estado de Veracruz, que se refiere a la “revelación de información reservada”, establece que “al servidor público que, por cualquier medio, facilite información sobre mandamientos expedidos por autoridad judicial y tenga como consecuencia que se evada de la acción aquel contra el que vaya dirigido, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión, multa hasta de cincuenta días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la prisión impuesta. Igual sanción se aplicará al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la investigación ministerial”. *** En la Fiscalía General del Estado esa práctica (la “filtración” de información reservada) es común y tendenciosa. Se utiliza cuando conviene generar en la opinión pública una opinión negativa del imputado. Como ejemplo está el caso de los mandos policiacos acusados de “desaparición forzada”. Ha trascendido gran parte de la declaración del testigo protegido, lo que está prohibido. Ahora hacen lo propio con la declaración de la investigadora de la UV Rosío Córdova, pues ya los medios de comunicación conocen detalles de su declaración ante el Fiscal Especializado en Desapariciones, lo que por ley debería ser reservado. *** Esa es la Ley Yunes.
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