Cae más pronto un hablador que un cojo, más en la casa del jabonero, en donde el que no cae resbala… Sabia conseja popular que para todo y en todo se acomoda sin más sustento que el sentido común que suele superar en no pocos casos a la filosofía, hermana mayor que de tanto incursionar y profundizar en lo que pudo haber sido y no fue, termina por perderse en el laberinto de su propia soledad. Si, la sabiduría popular en épocas de pragmatismo a ultranza, confusión ideológica e incertidumbre frente a un futuro incierto, suele quedar como anillo al dedo cuando la política deja de tener sentido en el imaginario colectivo, como es el caso de lo que se está viviendo en Veracruz.
Sin rumbo ni brújula, con un timonel ajeno al bien común, la sociedad veracruzana navega al garete. El discurso proselitista que tantas expectativas levantara, quedó en eso, simple herramienta retórica con la pretensión de decir lo que los veracruzanos querían escuchar. A nueve meses de distancia de su toma de posesión como gobernador de dos años, Miguel Ángel Yunes Linares es juzgado por la opinión pública como un hablantín pendenciero, incapaz de sustentar sus dichos con hechos palpables que apunten a un desempeño eficiente y eficaz del gobierno de la alternancia.
Creyó a pie juntillas que con enfocar sus baterías en contra de sus adversarios políticos con Javier Duarte a la cabeza, los veracruzanos reconocerían su férrea voluntad por sanear a una administración pública postrada y saqueada. Se equivocó. Para el imaginario colectivo el combate a la pandilla de corruptos servidores públicos, no pasa de lo anecdótico alimentando mediáticamente el morbo de lo más atrasado de la sociedad, cuando el interés general exige un buen gobierno, capaz de enderezar la nave escorada retomando el rumbo del bienestar general, expresado éste en inversión pública y privada, empleos, mejores salarios, seguridad y servicios públicos de calidad.
Gobierno implica conducción y gobernabilidad, entendida esta como estrategia y praxis de gobierno convertidas en ejercicio del poder institucionalizado con implicación social y económica, trascendiendo como paradigma político. Otra cosa muy distinta cuando no se observa conducción y el poder institucionalizado se decanta y diluye perdiéndose gobernabilidad. Veracruz con Miguel Ángel Yunes Linares se encuentra en tal tesitura en una espiral de violencia que pone en entredicho lo mismo al estado de derecho que el fin último del gobierno de dos años.
Si su interés residiera únicamente en rescatar y sanear a la administración y finanzas públicas estatales, el tiro le ha salido por la culata. Para sus gobernados se percibe no solo el no cumplimiento de tal propósito, sino todo lo contrario. Perdiéndose un tiempo valioso en tanto que el deterioro económico y social en la entidad sigue cuesta abajo, arrastrando consigo al quehacer político cuya mediocridad en vísperas del proceso electoral del 2018, es más que evidente. Tanto que se da como un hecho el que por sobre la razón de Estado, Yunes Linares imponga como candidato a sucederle en la gubernatura a uno de sus vástagos.
Faltándole escasos 15 meses de gestión al frente del gobierno de Veracruz, no solo cual invitado a la casa del jabonero resbala, también peca de soberbia ignorando la conseja popular que nos dice que más pronto cae el hablador que el cojo. Soberbia que su partido no ignora y que su aliado, el PRD, mirando para otro lado se hace como el tío Lolo.
Partido político este último que bien se guarda de decir esta boca es mía, salvo por las esporádicas declaraciones del politólogo, destacado operador político y ahora filósofo, Uriel Flores Aguayo, que invita a no ver todo en blanco y negro, sino ponderar los medios tonos, puesto que “ni todo está mal ni todo está bien” con el gobierno de la alternancia, sino todo lo contrario.
De ahí que la interrogante obligada del momento, alimentada por la idea de que el gobernador de Veracruz sería nominado como candidato plurinominal al senado en el 2018, es si éste obtuvo el poder institucionalizado para no poder o es una expresión más de la descomposición generalizada en el país de un régimen político cuya fecha de caducidad está vencida.
Cd. Caucel, Yuc., agosto 26 de 2017
